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Congreso rechaza otorgar pensión vitalicia para Dina Boluarte: ¿cuáles fueron las razones detrás de ésta decisión?

El Congreso declaró improcedente la pensión vitalicia solicitada por Dina Boluarte tras su vacancia.
Dina Boluarte

El Congreso de la República declaró improcedente la solicitud presentada por la expresidenta Dina Boluarte para acceder a una pensión vitalicia tras su salida de Palacio de Gobierno, luego de ser vacada por el Parlamento. La decisión fue adoptada por el Área de Asesoría Laboral del Legislativo y ya fue notificada formalmente a la exmandataria, según documentos oficiales citados por el programa Cuarto Poder.

El pronunciamiento parlamentario se sustenta en el incumplimiento de tres requisitos fundamentales establecidos en la normativa vigente que regula el otorgamiento de pensiones vitalicias a expresidentes de la República. De acuerdo con el informe técnico, Dina Boluarte no reúne las condiciones exigidas por la ley para acceder a dicho beneficio económico de por vida.

Las tres razones legales del rechazo

El Congreso detalló que la solicitud de Boluarte resulta improcedente debido a que:

  • No fue elegida por voto popular, ya que asumió la presidencia por sucesión constitucional.
  • Accedió al cargo tras la destitución del presidente electo, y no mediante un proceso electoral.
  • No completó el periodo presidencial, al haber sido vacada antes de culminar el mandato.

En ese sentido, el informe concluye que “resulta improcedente la solicitud de pensión requerida por la señora Dinercilia Boluarte Zegarra en su condición de expresidenta de la República por sucesión presidencial”, marcando así un precedente claro sobre los límites de este beneficio.

La solicitud presentada tras dejar el poder

La expresidenta presentó su pedido apenas diez días después de abandonar el cargo, mediante una carta dirigida al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. En el documento, Boluarte solicitó formalmente acogerse a la pensión vitalicia regulada por la ley 26519, norma que establece los beneficios económicos para expresidentes constitucionales.

Sin embargo, la solicitud no se limitó únicamente a la pensión. Boluarte también requirió otros beneficios habitualmente otorgados a exmandatarios elegidos por voto popular, como personal de seguridad, un asesor, un vehículo oficial, seguro privado y combustible. Hasta el momento, el Congreso no ha emitido un pronunciamiento definitivo respecto a estos pedidos adicionales.

Dina Boluarte

Análisis de especialistas: pedido era inviable desde el inicio

El especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera sostuvo que la solicitud de Dina Boluarte carecía de viabilidad legal desde un inicio. “No fue elegida por voto popular, fue una sucesión y no cumplió el periodo completo porque fue vacada”, explicó en declaraciones recogidas por Cuarto Poder.

Cabrera calificó el pedido como ingenuo, señalando que el Congreso ya había fijado un criterio técnico previo que impedía cualquier interpretación favorable. Además, precisó que no existe otra vía legal para que la exmandataria acceda a una pensión vitalicia, ya que el Parlamento es la única instancia con potestad para otorgar o rechazar este tipo de beneficios.

¿Qué dice la ley 26519?

La ley 26519, vigente en el Perú, regula de manera expresa el otorgamiento de pensiones vitalicias a expresidentes de la República. Esta norma establece que solo pueden acceder a dicho beneficio quienes hayan sido elegidos por voto popular y hayan ejercido el cargo durante un periodo completo.

Este criterio fue reafirmado en 2022 por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, y ahora ha sido aplicado de forma directa al caso de Dina Boluarte, cerrando cualquier margen de interpretación a su favor.

Aunque el Congreso se ha pronunciado únicamente sobre la pensión vitalicia, Dina Boluarte podría seguir recibiendo otros beneficios asociados a la condición de expresidenta. Según explicó Cabrera, estos privilegios —como seguridad personal, asesoría, vehículo oficial y seguro— no están regulados por la ley 26519, sino que dependen de decisiones administrativas del propio Parlamento.

“Mientras el Congreso no asuma el interés de regular estos beneficios, ella los seguirá recibiendo”, advirtió el especialista, subrayando un vacío legal que podría generar controversia política y debate público en los próximos meses.



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