El gremio Transportes Unidos, que agrupa a empresas de transporte urbano de Lima Sur y Lima Este, anunció un paro indefinido a partir del 15 de enero como medida de protesta frente a la grave crisis de inseguridad que afecta al sector. La decisión se produce tras una escalada de atentados criminales contra conductores y unidades, situación que —según denuncian— se ha vuelto insostenible.

El vocero del gremio, Martín Ojeda, informó que solo en lo que va del mes de enero se han registrado ocho ataques armados contra empresas de transporte, dos de los cuales dejaron víctimas mortales. Para los dirigentes, estos hechos evidencian la ausencia de una estrategia eficaz por parte del Estado para enfrentar a las bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato.

Ojeda reveló que alrededor del 80 % de las empresas de transporte urbano se ven obligadas a pagar cupos diarios que oscilan entre 10 y 30 soles por unidad a organizaciones criminales, especialmente en Lima Este. En muchos casos, explicó, las compañías enfrentan la presión simultánea de hasta tres bandas extorsivas, lo que incrementa el riesgo y la sensación de abandono entre los trabajadores del volante.

“La situación ya no es solo económica, es de vida o muerte. Nuestros compañeros salen a trabajar sin saber si regresarán a casa”, sostuvo el dirigente, al señalar que la violencia contra el transporte público se ha convertido en una de las expresiones más visibles del avance del crimen organizado en la capital.

Gremio de transportistas asegura que “Ley Jerí” aún no se reglamentado

El representante gremial cuestionó con dureza al Gobierno por la falta de medidas preventivas efectivas. Si bien reconoció la existencia de una unidad policial especializada en la lucha contra la extorsión, indicó que esta no cuenta con el presupuesto ni los recursos necesarios para enfrentar a las mafias que operan en diferentes distritos. Asimismo, criticó que la llamada “Ley Jerí”, promovida como herramienta para combatir este delito, aún no haya sido reglamentada, lo que impide su aplicación real.

A ello se suma —según Transportes Unidos— la ausencia de una declaratoria de estado de emergencia, anunciada en su momento como una medida para reforzar la seguridad en las zonas más afectadas. “Queremos que se fortalezcan las medidas de prevención. Si no hay presencia policial en los horarios de mayor riesgo, los ataques continuarán”, advirtió Ojeda.

De acuerdo con cifras del gremio, los atentados se concentran principalmente en dos franjas horarias: entre las 5:00 p.m. y las 11:30 p.m., y entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., periodos en los que los conductores inician o culminan sus jornadas laborales.

Transportes Unidos dejó en claro que la convocatoria al paro no está vinculada a reclamos administrativos como papeletas, multas o antigüedad vehicular, ni responde a intereses políticos. “Sería una falta de respeto a las víctimas usar otros temas. Esta lucha es por la seguridad y la vida de nuestros compañeros”, enfatizó el vocero.

El gremio representa a empresas como La 50, Santa Catalina, Cristo Pachacamilla, Heriberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú, que en conjunto suman más de 12.000 unidades de transporte público. Según sus dirigentes, la medida de fuerza fue exigida por los propios conductores, cansados de operar bajo amenaza constante y sin respaldo efectivo del Estado.

Con este anuncio, el paro indefinido se perfila como una de las protestas más importantes del sector transporte en los últimos años, y vuelve a poner en el centro del debate la urgencia de una respuesta integral contra la extorsión que golpea no solo a los empresarios, sino también a miles de trabajadores que día a día mantienen en marcha la ciudad.