El Ministerio Público dio un nuevo golpe contra las economías ilegales en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) al ejecutar una medida de incautación y allanamiento en la localidad de Unión Mantaro Asháninka, distrito de Pichari, como parte de una investigación por lavado de activos vinculada al narcotráfico.

La diligencia fue encabezada por el Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, bajo la conducción del fiscal provincial Pablo César Espinoza Vásquez, quien dispuso la intervención tras reunir indicios de que varios bienes habrían sido adquiridos con dinero de origen ilícito.

Como resultado del operativo, se logró la incautación de seis inmuebles, entre predios urbanos y rurales, cuyo valor total supera los S/ 260 000. De acuerdo con la investigación fiscal, estos bienes habrían sido comprados con ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, uno de los principales delitos que afectan a esta zona del país.

Las pesquisas señalan que los propietarios y algunos de sus familiares estarían presuntamente vinculados a actividades relacionadas con el narcotráfico, lo que motivó la solicitud de la medida restrictiva sobre la propiedad de los inmuebles. La decisión fue autorizada judicialmente, en estricto cumplimiento de las facultades que la ley otorga al Ministerio Público para asegurar bienes de procedencia ilícita y evitar su posterior ocultamiento o transferencia.

El operativo contó con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Ejército, quienes brindaron seguridad durante la intervención, teniendo en cuenta las características geográficas y los riesgos que implica actuar en zonas consideradas de alta complejidad por la presencia de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Desde la Fiscalía se destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral contra el lavado de activos, cuyo objetivo no solo es sancionar penalmente a los responsables, sino también golpear las finanzas de las organizaciones criminales, privándolas de los recursos que les permiten sostener sus operaciones ilegales.

“El combate al narcotráfico no se limita a las incautaciones de droga; también pasa por recuperar los activos obtenidos de manera ilegal y devolverlos al Estado”, señalaron fuentes del Ministerio Público, al resaltar la importancia de fortalecer la persecución patrimonial como herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado.

Con esta intervención en el Vraem, la Fiscalía reafirma su compromiso con la persecución penal efectiva y la recuperación de bienes de origen ilícito, enviando un mensaje claro a las redes criminales: las ganancias del delito no quedarán impunes y serán objeto de una acción firme y sostenida por parte de las autoridades.