El congresista Alejandro Cavero Alva, de la bancada Avanza País, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial con el objetivo de restringir las competencias de los jueces provisionales. La iniciativa plantea que estos magistrados no puedan integrar salas ni conocer procesos vinculados al ejercicio de funciones de autoridades elegidas por voto popular, como el presidente de la República, congresistas o alcaldes, así como de representantes de organismos constitucionales autónomos.

De acuerdo con el texto legislativo, solo los jueces supremos titulares estarían facultados para resolver causas consideradas de alto impacto político. La propuesta deberá ser evaluada primero en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso antes de ser debatida en el Pleno. No obstante, desde diversos sectores se advierte que la medida podría derivar en un blindaje político, debido a la limitada cantidad de magistrados titulares en la Corte Suprema.

Falta de jueces titulares y riesgo institucional

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto es que el Poder Judicial no cuenta con suficientes jueces supremos titulares para asumir la totalidad de los procesos contra altas autoridades. En la práctica, esta carencia podría generar retrasos, paralización de investigaciones o incluso la imposibilidad de juzgar determinados casos, afectando el principio de igualdad ante la ley.

Especialistas en derecho constitucional advierten que restringir la participación de jueces provisionales —que actualmente cumplen un rol clave ante la escasez de titulares— podría debilitar la lucha contra la corrupción y limitar el control judicial sobre el poder político.

Sanciones severas y control disciplinario

El proyecto de Cavero no solo restringe competencias, sino que además establece sanciones drásticas para los magistrados que incumplan la disposición. La falta sería considerada muy grave y podría derivar incluso en la destitución del juez, una medida que ha generado preocupación por su posible impacto en la independencia judicial.

Según el legislador, el fundamento de la iniciativa radica en que solo los jueces supremos titulares han accedido al cargo mediante concursos públicos de mérito y cuentan con garantías como la inamovilidad y permanencia, condiciones que —a su juicio— los habilitan de manera exclusiva para ejercer el control difuso sobre actos de autoridades políticas.

Un debate pendiente en el Congreso

Esta no es la primera vez que el Parlamento intenta reformar el sistema judicial. En noviembre de 2025, el congresista Héctor Valer, de Somos Perú, presentó una iniciativa para convertir a 39 jueces provisionales en titulares, elevando el número total de jueces supremos de 20 a 59. Dicha propuesta buscaba reducir la provisionalidad y fortalecer la estabilidad del Poder Judicial, y actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia.