La gestión del presidente interino del Perú, José Jerí, vuelve a estar en el centro del debate público tras una serie de intervenciones inopinadas en establecimientos penitenciarios que han generado cuestionamientos desde el interior del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Trabajadores del sistema carcelario advierten que estas visitas se habrían realizado sin respetar los protocolos de seguridad, lo que incluso habría puesto en riesgo el orden interno de algunos penales.

Las críticas se intensificaron luego del denominado “Chifagate”, episodio que ya había afectado la imagen del mandatario. Desde entonces, Jerí ha optado por reforzar su presencia pública mediante inspecciones sorpresa en cárceles, donde ha sido visto recorriendo instalaciones, supervisando celdas e ingresando acompañado de su comitiva.

Sin embargo, especialistas y personal penitenciario consideran que este tipo de acciones deben ejecutarse bajo estricta planificación, debido a la complejidad del sistema penitenciario y al peligro que puede representar cualquier alteración en la rutina de los internos.

Denuncian ingreso sin coordinación

El técnico penitenciario Julio Lurita Tarazona se volvió tendencia en redes sociales tras denunciar que el mandatario y su equipo ingresaron a los penales sin la coordinación necesaria, incumpliendo procedimientos establecidos por ley.

Según su testimonio, la visita más reciente al penal de Ancón I generó tensión entre los internos y estuvo cerca de provocar un motín, situación que —según advirtió— pudo evitarse con una adecuada organización.

Las cárceles operan bajo protocolos diseñados para prevenir disturbios, fugas y enfrentamientos. Por ello, cualquier intervención externa requiere comunicación previa con las autoridades del establecimiento y la activación de medidas de seguridad adicionales.

Trabajadores anuncian acciones legales

El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE-INPE) expresó su rechazo a lo que considera una exposición innecesaria del sistema carcelario. El gremio anunció que evalúa emprender acciones penales contra el presidente interino, al considerar que sus actos habrían vulnerado normas básicas de seguridad.

Además, los trabajadores cuestionaron las declaraciones del mandatario, quien habría señalado que el INPE necesita una reestructuración profunda y que los penales estarían “tomados por delincuentes”.

Desde el sindicato sostienen que estas afirmaciones no reflejan la realidad completa del sistema y que, por el contrario, invisibilizan las difíciles condiciones en las que labora el personal penitenciario, marcado por la sobrepoblación carcelaria, la escasez de recursos y los riesgos permanentes.