Delia Espinoza lanzó duras críticas contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, al cuestionar lo que calificó como una aparente “sobreprotección” judicial hacia el presidente José Jerí y la falta de celeridad en las investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación. Sus declaraciones se producen en un contexto de alta tensión institucional y cuestionamientos al rol del Ministerio Público frente a casos de relevancia política.

Espinoza señaló que resulta preocupante la demora en las diligencias fiscales vinculadas al jefe de Estado, advirtiendo que esta situación podría afectar la credibilidad del sistema de justicia. En ese sentido, remarcó la necesidad de que las investigaciones se conduzcan con independencia, transparencia y sin privilegios, especialmente cuando se trata de altas autoridades.

La destituida fiscal suprema también se refirió a su reciente salida del cargo, decisión adoptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual calificó de “sorpresiva”. Según explicó, el organismo no habría tomado en cuenta sus argumentos de descargo, razón por la cual anunció que impugnará la medida por las vías legales correspondientes. Para Espinoza, este hecho refleja un escenario de inestabilidad que impacta directamente en la institucionalidad del Ministerio Público.

Asimismo, alertó sobre un grave debilitamiento en la lucha contra la corrupción tras la desactivación de los equipos especiales que investigaban casos emblemáticos como Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto. A su juicio, estas decisiones representan un retroceso significativo en los esfuerzos por combatir redes de corrupción enquistadas en el Estado.

Delia Espinoza confirmó su candidatura al decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL), desde donde propone impulsar una agenda orientada a recuperar la ética profesional, fortalecer la defensa del Estado de derecho y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de justicia.

Corte Suprema admite querella de Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi por difamación agravada

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia admitió a trámite la querella por difamación agravada interpuesta por Delia Espinoza Valenzuela contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, un proceso que eleva la confrontación política a la vía penal y abre un nuevo frente judicial de alto impacto institucional.

De acuerdo con la resolución emitida por la jueza suprema Norma Carbajal Chávez, la demanda cumple con todos los requisitos formales y legales establecidos en el Código Procesal Penal, motivo por el cual se declaró procedente su tramitación. El fallo precisa que Espinoza se encuentra legitimada para ejercer la acción penal privada, al ser la persona directamente aludida por las expresiones atribuidas al congresista fujimorista.

En su querella, Delia Espinoza solicita que se imponga a Rospigliosi una pena de 2 años y 4 meses de prisión, además del pago de una reparación civil ascendente a un millón de soles, por considerar que las declaraciones del parlamentario vulneraron gravemente su honor, reputación e imagen pública.

¿Qué originó la querella contra Rospigliosi?

La acción legal se sustenta en una serie de expresiones emitidas por Fernando Rospigliosi entre julio y septiembre de 2025, en las que calificó a la entonces fiscal suprema como “aliada del terrorismo”, “pro terrorista”, “pro delincuente” y “desquiciada”. Dichos calificativos se produjeron tras conocerse una reunión de Espinoza con familiares de las víctimas de las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.

Según el escrito presentado ante la Corte Suprema, estas afirmaciones fueron difundidas de manera reiterada a través de redes sociales y en diversos programas televisivos, entre ellos espacios transmitidos por Canal N, Panamericana Televisión y Willax. Para la querellante, el alcance masivo de dichas declaraciones agravó el daño ocasionado.

Espinoza sostiene que las expresiones de Rospigliosi no constituyen una crítica política legítima, sino que exceden los márgenes de la libertad de expresión, al atribuirle conductas y afinidades delictivas sin sustento, lo que —según argumenta— configura el delito de difamación agravada.