El Poder Judicial declaró fundada la apelación presentada por la defensa del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, y anuló la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. Con esta decisión, la autoridad regional continuará siendo investigada en libertad y queda habilitada para retomar sus funciones desde este lunes 2 de febrero.

La resolución fue emitida por la Sala Penal de Apelaciones, presidida por el juez René Martínez Castro, que revocó el fallo de primera instancia que había impuesto 24 meses de prisión preventiva, además de ordenar la ubicación y captura del investigado. El colegiado concluyó que no se cumplían de manera suficiente los presupuestos legales exigidos para imponer la medida coercitiva más gravosa, especialmente en lo referido al peligro de fuga y de obstaculización de la investigación.

De acuerdo con el pronunciamiento judicial, si bien existen elementos que sustentan la continuación del proceso penal, estos no justifican una privación de la libertad en esta etapa. En ese sentido, la Sala determinó que Ciro Castillo Rojo cuenta con arraigo domiciliario, laboral y familiar, así como con una conducta procesal que no evidencia intención de sustraerse de la justicia, ya que se presentó voluntariamente ante las autoridades cuando fue requerido.

El caso se hizo público a finales de 2025, cuando el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, solicitó medidas coercitivas contra Castillo Rojo y otros implicados. Según la tesis fiscal, el gobernador habría integrado una presunta organización criminal que operaba dentro del Gobierno Regional del Callao, dedicada al direccionamiento de más de 60 contrataciones públicas irregulares durante el año 2023, ocasionando un perjuicio económico superior a los S/1,4 millones al Estado.

En enero de este año, el Poder Judicial acogió el requerimiento fiscal y dictó prisión preventiva al considerar que existían graves y fundados elementos de convicción sobre la presunta participación de Castillo Rojo en el caso conocido como “Los Socios del Callao”. En aquel momento, la Fiscalía sostuvo que el investigado habría tenido un rol clave en la red, facilitando la adjudicación irregular de obras y servicios a determinados empresarios a cambio de beneficios indebidos.

Asimismo, el Ministerio Público argumentó que la influencia política del gobernador regional representaba un riesgo de interferencia en la investigación y en la actuación de testigos. No obstante, estos argumentos no fueron considerados suficientes por la Sala Penal de Apelaciones, que señaló que dichos riesgos no fueron debidamente acreditados con elementos objetivos.

Tras revocar la prisión preventiva, el tribunal dispuso que Ciro Castillo Rojo continúe el proceso penal bajo un régimen de comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta de cumplimiento obligatorio. Entre las principales medidas impuestas figura la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial, así como la obligación de concurrir a todas las diligencias a las que sea citado por el Ministerio Público o el Poder Judicial.

Además, el gobernador regional deberá abstenerse de comunicarse, directa o indirectamente, con los demás investigados y con los testigos del caso, informar cualquier cambio de domicilio y cumplir estrictamente las disposiciones que dicte el órgano jurisdiccional competente. El incumplimiento de estas reglas podría derivar en la revocatoria de la comparecencia y la imposición de una medida de coerción personal más severa.

En el plano político-administrativo, la anulación de la prisión preventiva permite a Ciro Castillo Rojo reasumir el cargo de gobernador regional del Callao, del cual se encontraba suspendido tras la orden de captura dictada en su contra. Mientras tanto, la investigación fiscal continuará su curso para determinar las eventuales responsabilidades penales en el caso, en un contexto de alta expectativa pública por los presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao.