Empiezo este comentario, ofreciéndole mis disculpas a quienes puedan sentirse afectados desde el título del mismo; pero considero que, ante la actual situación de nuestro sistema criminopolitico, ya es hora de dejar de hablar a media voz.
Desde hace un tiempo, en una especie de “concertación” entre representantes de más de un poder del estado, hemos visto que, se ha utilizado los presupuestos públicos para favorecer, en, por lo menos, “contrataciones laborales” a personal, con características muy similares; y, en procedimientos casi comunes entre sí, por lo menos “poco usuales”.
Un exPCM efectúo la contratación de una fémina, con la que, poco tiempo después se lo vio compartiendo, no precisamente temas laborales o de “asesoramiento”, una cama y escenas poco laborales; pero el hecho no pasó de un simple escandalete, a los que nos tiene acostumbrados muchos de nuestros políticos.
Posteriormente se denunció una presunta red de prostitución dentro del Congreso de la República, que cobro la vida de una abogada en un hecho que trato de desvirtuarse; y, que, luego de una investigación interna (a la mejor manera del otoronguismo), terminó archivado, quedando solo en otro escandalete.
Recientemente, mediáticamente, se denuncia las contrataciones con jugosos sueldos a unas féminas; que, con un común denominador, pasaron el “proceso de selección”, no a cargo de la Jefatura de Recursos Humanos, como correspondía; sino a cargo del más alto funcionario de la Nación; luego de largas entrevistas; que concluían, muchas de ellas, no solo, casi terminando la noche; sino en, por lo menos una “evaluación de esas capacidades y aptitudes” habría sido más profunda, terminando, recién en las primeras horas del día siguiente a su ingreso al palacio de “gobierno”.
Deseo creer que las favorecidas con esos jugosos contratos, podrían tener las mejores capacidades y calificaciones; académica y laboralmente se entiende; pero, por lo menos, llama a suspicacia es que la metodología se repite; y, de la que, al menos, por lo que se conozca, los organismos de control no han cuestionado; porque la evaluación de los perfiles, capacidades y méritos, debían ser evaluados por las oficinas respectivas; y, no precisamente, por el más alto funcionario de la Nación; quien dedico varias horas de su valioso tiempo de agenda, en entrevistarlas.
También llama la atención es que, ese mismo funcionario, claro está cuando aún no ejercía la máxima responsabilidad pública nacional, destinó la mayor parte de sus gastos deducibles a locales de comida y hostales ubicados, coincidentemente, en el distrito limeño de Lince.
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Escribe: Marco Silva
