La Fiscalía Provincial de Familia de La Molina–Cieneguilla, perteneciente al Distrito Fiscal de Lima Este, inició una investigación preliminar por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Centro de Acogida Residencial (CAR) “La Casa del Padre”, ubicado en el distrito de Cieneguilla. La intervención se realizó en el marco de las atribuciones constitucionales y legales del Ministerio Público orientadas a la protección del interés superior del menor.

Investigación por presunta contravención de derechos

Según informó la institución, la investigación se sustenta en el artículo 69° del Código de los Niños y Adolescentes, que establece la figura de contravención cuando se afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia reconocidos en la Constitución.

En ese contexto, el fiscal provincial Genaro Solís Quispe dispuso la realización de una visita fiscal inopinada al albergue, con el objetivo de verificar si el centro cumple con sus obligaciones legales relacionadas con la protección integral de los menores bajo su cuidado.

La diligencia buscó constatar aspectos clave como la protección de la identidad, dignidad, privacidad y el desarrollo integral de niñas y adolescentes, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Verificaciones realizadas durante la intervención

Durante la inspección fiscal se revisó documentación institucional y se efectuaron consultas generales a algunas adolescentes acogidas en el centro. Estas entrevistas se realizaron bajo un enfoque de protección integral, evitando cualquier forma de revictimización.

Asimismo, se verificó que la población actual del CAR está conformada por 29 adolescentes y siete bebés, información que será analizada como parte del proceso de investigación preliminar.

Las autoridades también evaluaron aspectos vinculados a la confidencialidad de la información, la protección de la imagen de los menores, los protocolos internos para la difusión de actividades institucionales y las medidas adoptadas para prevenir posibles situaciones de vulneración de derechos.

Además, se inspeccionaron las condiciones generales del albergue y se solicitó documentación relevante que permitirá determinar si existen irregularidades en el funcionamiento del centro.

Equipo fiscal y continuidad de diligencias

La diligencia fue liderada por la fiscal adjunta provincial Giuliana Leslie Sotelo Zegarra, con el apoyo de la fiscal adjunta provincial de la Fiscalía de Familia de Huarochirí, Sonia Marili Quispe Quispe, y la asistente de función fiscal Martha Córdova Arones.

Desde el Ministerio Público se destacó que las fiscalías de Familia tienen como función principal velar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de otros integrantes vulnerables del entorno familiar.