La Notaría Carpio Vélez emitió un comunicado oficial en el que aclaró que en su despacho no existe ninguna escritura pública ni acta notarial que formalice una supuesta donación de un vehículo entre la periodista Marisel Yovana Linares Chávez y Adrián Alonso Villar Chirinos.

La precisión se produce en medio de las diligencias policiales por el caso de la deportista Lizeth Marzano, quien falleció tras ser atropellada el pasado 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro. El vehículo involucrado en el accidente figura registrado oficialmente a nombre de Linares, lo que ha generado cuestionamientos sobre la titularidad y la presunta transferencia del automóvil.

Según el pronunciamiento difundido por la notaría, tras conocerse que se habría presentado un documento relacionado con una donación del vehículo, se procedió a revisar los archivos internos. Como resultado, se determinó que no existe en sus registros ninguna escritura pública o acta que sustente la entrega del bien a título gratuito ni tampoco mediante una operación onerosa.

El comunicado también precisa que en el sistema notarial no aparecen comprobantes de pago, boletas u otros documentos emitidos a nombre de las personas involucradas que acrediten un trámite de transferencia del vehículo. Asimismo, se señaló que no se hallaron registros de consultas biométricas ante el Reniec relacionadas con dicho procedimiento.

La notaría enfatizó que se mantiene a disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones en curso, proporcionando cualquier información adicional que sea requerida en el marco de las diligencias oficiales.

En paralelo, Marisel Linares ha sido citada para rendir manifestación el próximo 3 de marzo ante la Policía Nacional del Perú en la sede de la División de Tránsito ubicada en el distrito de La Victoria. Su declaración forma parte del proceso de esclarecimiento sobre la propiedad y uso del automóvil implicado en el fatal accidente.

El vehículo permanece bajo custodia policial mientras se realizan peritajes técnicos y se recaban testimonios clave para determinar responsabilidades. Estas diligencias buscan establecer tanto las condiciones del siniestro como los aspectos administrativos relacionados con la titularidad del bien.

El caso ha generado gran atención pública debido a las circunstancias del atropello y a la situación legal del conductor investigado. Además, ha abierto un debate sobre la responsabilidad en la transferencia de vehículos y la necesidad de formalizar adecuadamente este tipo de operaciones para evitar vacíos legales.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer si existió algún intento de formalizar la donación del automóvil o si se trató de una transferencia informal sin sustento legal.

La familia de la deportista, por su parte, sigue exigiendo justicia y una pronta determinación de responsabilidades penales en un caso que mantiene en vilo a la opinión pública y al entorno deportivo nacional.