Tras permanecer tres años en el penal Virgen de las Mercedes, el exministro Daniel Urresti reapareció públicamente luego de recuperar su libertad y confirmó su respaldo a la campaña del partido Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez.

Urresti se reunió con Luna apenas dejó el establecimiento penitenciario y, aunque evitó responder preguntas de la prensa, ofreció un breve mensaje en el que aseguró que su retorno es “físico”, pues “mentalmente” —según dijo— nunca se alejó de la agrupación política.

“Ingresamos al mes decisivo donde se elegirá a los que participarán en la segunda vuelta. Hasta el momento solo ha sido un ensayo. Esperamos impulsarnos lo suficiente para que el 28 de julio Pepe Luna sea el presidente”, declaró ante los medios.

El exministro incluso adelantó que, en un eventual gobierno de Luna, estaría dispuesto a asumir el Ministerio del Interior. “Regreso para quedarme”, afirmó, y añadió que durante su permanencia en prisión continuó trabajando en propuestas, especialmente en materia de seguridad ciudadana.

Daniel Urresti asegura que es inocente en el caso Hugo Bustíos

Urresti también reiteró su postura de inocencia respecto a los delitos por los que fue sentenciado, señalando que su encarcelamiento se debió a los “dichos” de una persona y a hechos que, según él, fueron “falseados”.

Por su parte, José Luna defendió públicamente la liberación del exministro y sostuvo que desempeñará un papel clave en la estrategia de seguridad del partido. “Es un abuso lo que hicieron con Daniel. Lo entendemos como un juego político para tratar de parar a Podemos”, manifestó.

Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional no constituye una absolución sobre el fondo del caso. El máximo intérprete de la Constitución determinó que el Estado perdió la potestad de sancionar por el transcurso del tiempo, aplicando criterios vinculados a la prescripción. El fallo no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de Urresti, sino sobre la constitucionalidad de la condena y el respeto al debido proceso.

La resolución ha generado fuerte controversia, especialmente entre los familiares del periodista Hugo Bustíos, asesinado en 1988. Sus hijos calificaron la liberación como “ilegal” y advirtieron que representa una grave afectación al Estado de Derecho y a la búsqueda de justicia.

En un comunicado conjunto con el Instituto de Defensa Legal y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, señalaron que la liberación fue posible tras la aplicación de la Ley 32107 sobre prescripción de crímenes de lesa humanidad y la interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional.

Según las organizaciones firmantes, dicha interpretación habilita la prescripción de hechos que constituirían crímenes de lesa humanidad, lo que consideran un precedente preocupante en materia de derechos humanos.