Los gremios del transporte público urbano encendieron las alertas sobre una posible crisis en la movilidad de la capital tras denunciar que la violencia criminal, las extorsiones y el incremento de los costos operativos están afectando seriamente la continuidad del servicio que moviliza a millones de ciudadanos cada día en Lima.
A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones del sector advirtieron que el transporte público cumple un rol esencial en la vida diaria de la población, ya que permite a miles de personas trasladarse hacia sus centros de trabajo, instituciones educativas y diversos servicios básicos. En ese sentido, alertaron que el deterioro de las condiciones de operación podría generar graves consecuencias en la movilidad urbana y en el funcionamiento de la ciudad.
Extorsiones y violencia golpean al transporte público
Uno de los principales problemas señalados por los gremios es el incremento de la violencia contra los trabajadores del sector. Según el comunicado, conductores, cobradores y otros trabajadores del transporte vienen siendo víctimas de extorsiones, amenazas y ataques contra las unidades de transporte.
Los representantes del sector denunciaron que grupos criminales exigen pagos ilegales a las empresas y conductores para permitirles operar con normalidad. Aquellos que se niegan a pagar estas cuotas ilegales se enfrentan a atentados contra sus vehículos o incluso amenazas directas contra su integridad.
Además, indicaron que en los últimos meses se han registrado asesinatos vinculados a esta problemática, lo que ha generado un clima de miedo entre los trabajadores del transporte público. Esta situación ha llevado a que algunos conductores opten por dejar de trabajar por temor a convertirse en nuevas víctimas de la violencia.
Empresas reducen operaciones
El pronunciamiento también advierte que varias empresas de transporte se han visto obligadas a reducir sus operaciones como consecuencia de esta situación. Algunas compañías han disminuido la cantidad de unidades que circulan diariamente, mientras que otras incluso han suspendido temporalmente sus actividades.
Esta reducción en la oferta de transporte podría tener un impacto directo en la movilidad de los ciudadanos, generando mayores tiempos de espera, congestión en las unidades disponibles y dificultades para trasladarse a distintos puntos de la ciudad.
Los gremios señalaron que el problema se agrava debido al incremento de los costos operativos que enfrentan las empresas del sector.
Aumento de costos por combustibles y mantenimiento
Otro factor que complica la situación del transporte urbano es el aumento en los costos de combustibles, repuestos y mantenimiento de las unidades.
La reciente restricción en el suministro de gas natural vehicular ha obligado a muchos transportistas a utilizar combustibles alternativos, lo que incrementa significativamente los gastos de operación. Este escenario, según los gremios, afecta la sostenibilidad económica de las empresas de transporte público.
El alza de los costos operativos, sumado a la inseguridad, está generando una situación que podría poner en riesgo la continuidad del servicio en algunas rutas.
Gremios piden medidas urgentes al Gobierno
Ante este panorama, los representantes del transporte urbano solicitaron al Gobierno la implementación de un programa extraordinario de apoyo para el sector.
Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de un subsidio temporal que permita aliviar los costos operativos de las empresas. También propusieron la habilitación de líneas especiales de crédito que permitan a las compañías enfrentar la crisis económica que atraviesan.
Asimismo, los gremios pidieron facilidades tributarias y financieras que contribuyan a la sostenibilidad del sector mientras se estabiliza la situación.
Exigen plan de seguridad contra extorsiones
Finalmente, los transportistas solicitaron la implementación de un plan integral de seguridad para enfrentar las extorsiones y proteger la vida de los trabajadores del transporte público.
Los gremios consideran que sin medidas firmes contra la criminalidad organizada será difícil garantizar la continuidad del servicio que diariamente moviliza a millones de ciudadanos en la capital.
