Este decreto supremo estableció que el plan es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), incluyendo los tres niveles de gobierno, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y los gobiernos regionales y locales. Como anexo del decreto, se publicó el documento íntegro del plan, que consta de 121 páginas y constituye el instrumento técnico-normativo que orientará la política multisectorial de seguridad durante el periodo 2026-2028.

El PNSCLC 2026-2028 se organiza en torno a un diagnóstico exhaustivo que revela la magnitud del problema, el cuál es, la delincuencia es el segundo problema más crítico del país (42.1%), la tasa de homicidios aumentó de 7.4 a 10.1 por cada 100 mil habitantes entre 2019 y 2024, y las denuncias por extorsión se dispararon de 3,865 a 26,585 en el mismo periodo. El 80% de los homicidios son cometidos con arma de fuego y el 54% de los pagos extorsivos ya utilizan billeteras digitales, evidenciando la adaptación tecnológica del crimen organizado.

Las causas directas identificadas son cuatro i) debilidad en la prevención policial y comunitaria, ii) insuficiente control territorial en fronteras y espacios vulnerables, iii) limitadas capacidades de inteligencia e investigación criminal, y iv) deficiencias en el sistema de justicia y control penitenciario.

El objetivo general del plan es reducir la incidencia de delitos violentos, particularmente extorsión y homicidios, a nivel nacional. Para ello, se establecen cuatro objetivos estratégicos:

• Objetivo 1: Prevención policial y comunitaria. Busca recuperar espacios públicos mediante iluminación LED en 580 gobiernos locales, implementar videovigilancia con inteligencia artificial en 245 municipalidades, y desplegar 27 fuerzas de tarea integradas en territorios críticos. Incluye programas deportivos y culturales para jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre otros.
• Objetivo 2: Control territorial y fronteras. Plantea 16 nuevos puestos de verificación migratoria, 13,002 operativos migratorios, 3,300 operativos de interdicción contra la minería ilegal y 8,200 actas de fiscalización de armas de fuego a cargo de SUCAMEC.
• Objetivo 3: Inteligencia e investigación criminal. Propone 13 laboratorios de criminalística, 43 fiscalías especializadas en extorsión y sicariato, un sistema de interoperabilidad para investigación de delitos de alto impacto, y 370 investigaciones patrimoniales contra economías ilegales.
• Objetivo 4: Justicia y sistema penitenciario. Contempla 52 áreas de régimen cerrado para internos de alta peligrosidad, 2,180 traslados a penales de máxima seguridad, y bloqueo de señales de comunicación en establecimientos penitenciarios para neutralizar operaciones criminales desde el interior.

El plan se ejecuta mediante un modelo de tres fases: ofensiva (primer semestre, con fuerzas de tarea integradas), control estratégico (segundo y tercer semestre) y seguridad sostenible (hasta 2028). Asimismo, se dará prioridad de la implementación según la focalización territorial -que el mismo plan propone-, para ello utiliza una semaforización distrital basada en tasas de homicidios y extorsión, clasificando los distritos en riesgo alto, medio y bajo.

Las metas para 2028 incluyen reducir la tasa de homicidios a 8.5 por cada 100 mil habitantes, disminuir la victimización por extorsión de 0.90% a 0.60%, y reducir la variación anual de denuncias de extorsión de +19% a +5%.