La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la reorganización de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) tras revelarse un presunto pago irregular superior a S/4 millones por una obra de empedrado que, según indicios, no habría sido ejecutada por el proveedor beneficiado. El caso, que involucra recursos públicos y posibles irregularidades administrativas, ha generado preocupación sobre los mecanismos de control en la gestión municipal.

La decisión se produce luego de un reportaje emitido por el programa dominical Punto Final, en el que se expuso que Emape aprobó el desembolso de S/4 millones 114 mil a favor de un empresario por trabajos realizados en cuatro cuadras del Damero de Pizarro, en el Centro de Lima. Sin embargo, diversas evidencias apuntan a que el servicio no habría sido ejecutado por quien solicitó el pago.

Solicitud de pago bajo figura legal

De acuerdo con la información difundida, el 23 de mayo de 2025, el empresario Miller Stalin León Dioses solicitó formalmente el pago por un supuesto servicio extraordinario realizado entre mayo y julio de 2022. Para sustentar su pedido, recurrió a la figura legal de “reconocimiento de deuda por enriquecimiento sin causa”, mecanismo que permite exigir compensación cuando una entidad se beneficia de un servicio sin haber formalizado previamente un contrato.

Inicialmente, el proveedor solicitó un monto cercano a los S/5 millones. Tras la evaluación interna, Emape aprobó el pago de más de S/4 millones en diciembre de 2025, pese a que durante el proceso se detectaron múltiples observaciones en la documentación presentada.

Irregularidades detectadas

La Gerencia de Administración y Finanzas de Emape identificó inconsistencias en los documentos entregados por el solicitante. Entre ellas, se reportaron fotocopias ilegibles, firmas que no coincidían con los registros oficiales y evidencias fotográficas que, lejos de demostrar la participación del proveedor, mostraban al personal de la propia entidad ejecutando los trabajos.

Además, se detectaron facturas emitidas a nombre de la empresa Corporación Nagel que no pudieron ser validadas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), lo que incrementó las sospechas sobre la autenticidad de los documentos.

Pese a estas observaciones, y a que algunos funcionarios se habrían negado a firmar la documentación, Emape concluyó que las inconsistencias habían sido subsanadas, lo que permitió aprobar el pago millonario.

Reacción de la Municipalidad de Lima

Tras la difusión del caso, la Municipalidad Metropolitana de Lima ordenó una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales. Asimismo, dispuso que su Procuraduría Pública formule las denuncias correspondientes contra los funcionarios y terceros involucrados en los presuntos actos ilícitos.

En un primer pronunciamiento, la comuna precisó que los hechos materia de investigación corresponden a actos ejecutados en el año 2022. No obstante, posteriormente anunció una medida más drástica: la reorganización total de Emape, con el objetivo de garantizar una gestión transparente y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Intervención de la Contraloría

Como parte de las acciones adoptadas, la MML solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para realizar una auditoría integral del proceso de contratación. Esta revisión abarcará desde la elaboración del expediente técnico hasta la ejecución de la obra iniciada en 2021.

El objetivo es esclarecer si existieron irregularidades en la aprobación del pago, identificar a los responsables y establecer posibles responsabilidades funcionales o penales.

Impacto y medidas correctivas

La reorganización de Emape representa una de las respuestas más contundentes de la actual gestión municipal frente a presuntos actos de corrupción. La medida busca no solo sancionar a los responsables, sino también implementar mecanismos de control más estrictos en la ejecución de obras públicas y en la validación de servicios prestados.

Este caso pone nuevamente en debate la necesidad de fortalecer la supervisión en el uso de recursos públicos, especialmente en proyectos de infraestructura urbana, donde los montos involucrados suelen ser elevados y los riesgos de irregularidades son significativos.