La inseguridad continúa golpeando al transporte público en Lima. Los choferes de la empresa Santa Catalina han alzado su voz para denunciar que el resguardo policial desplegado por el Estado resulta insuficiente frente a la ola de violencia y extorsiones que enfrentan a diario en sus rutas.

Los conductores, que operan 115 unidades entre Villa El Salvador y el Cercado de Lima, señalaron que el número de efectivos asignados no cubre adecuadamente la magnitud del servicio. Según indicaron, en ocasiones se dispone de entre 15 y 20 policías, lo que resulta claramente insuficiente considerando la frecuencia y cantidad de buses en circulación.

“El Estado abastece 15 o 16 efectivos, a veces 20. Si salen dos policías, es para seis o siete carros, pero nosotros operamos dos rutas y salimos cada tres minutos”, explicaron los choferes, evidenciando la precariedad del sistema de protección actual.

El despliegue policial se implementó tras el asesinato del conductor Michael Hurtado, ocurrido el pasado 11 de marzo en Villa El Salvador. Este crimen encendió las alarmas sobre la creciente violencia que afecta al sector transporte, donde los trabajadores se han convertido en blanco frecuente de mafias dedicadas a la extorsión.

Sin embargo, los transportistas denunciaron que la medida no ha sido ejecutada de manera eficiente. De acuerdo con sus testimonios, el acompañamiento policial inicia en el patio de maniobras ubicado en San Juan de Lurigancho, pero no se extiende durante todo el recorrido. Los agentes, indicaron, descienden de las unidades antes de completar la ruta hacia San Juan de Miraflores, dejando a los conductores nuevamente expuestos.

Esta situación genera preocupación entre los choferes, quienes aseguran que el peligro es constante y no se limita a un solo tramo. “El riesgo está en toda la ruta. No sirve de mucho que nos acompañen solo una parte del trayecto”, señalaron.

Además, los transportistas revelaron que vienen siendo víctimas de extorsiones desde hace varios años. A pesar de haber presentado múltiples denuncias, sostienen que no han recibido una respuesta contundente por parte de las autoridades, lo que ha permitido que las organizaciones criminales continúen operando con impunidad.

El asesinato de Michael Hurtado no es un caso aislado. Con este hecho, la cifra de ataques contra conductores de la empresa se eleva a seis, dejando además a cinco trabajadores gravemente heridos en distintos atentados.

Frente a este escenario, los choferes exigen medidas urgentes que garanticen su seguridad, como un mayor número de efectivos policiales, patrullaje continuo en toda la ruta y acciones concretas para desarticular las redes de extorsión.