La Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirmó este jueves la no ratificación de Pablo Sánchez como fiscal supremo, decisión que lo aparta definitivamente del Ministerio Público y pone fin a una de las trayectorias más influyentes dentro de la institución.

El fallo marca el cierre de una etapa en el sistema de justicia peruano. Sánchez, quien también ocupó el cargo de fiscal de la Nación, fue considerado durante años una figura clave en la lucha contra la corrupción y en la conducción de investigaciones de alto perfil.

La controversia en torno a su permanencia se remonta a enero, cuando la JNJ decidió no ratificarlo como fiscal supremo decano. En aquella oportunidad, el organismo evaluó nuevamente procesos disciplinarios ya concluidos e incluso reabrió un caso previamente archivado, lo que generó cuestionamientos desde el entorno del magistrado.

Frente a ello, Sánchez presentó un recurso de reconsideración, argumentando que se le estaba imponiendo una sanción más severa por hechos que ya habían sido evaluados y sancionados en su momento. Sin embargo, en la reciente sesión del Pleno de la JNJ, su pedido fue rechazado por mayoría: cinco consejeros votaron en contra de su ratificación, mientras que solo dos —Francisco Távara y Jaime de la Puente— se pronunciaron a favor de su continuidad.

Entre los argumentos presentados por Sánchez, destaca la denuncia de una presunta vulneración de principios constitucionales. El exfiscal sostuvo que la JNJ realizó una nueva valoración de hechos ya sancionados, lo que podría configurar una doble sanción.

Uno de los casos mencionados es el de la triple percepción de ingresos, por el cual Sánchez fue sancionado previamente con una suspensión de 120 días. Este caso se encuentra actualmente en evaluación en la vía constitucional mediante un proceso de amparo.

Asimismo, cuestionó que se le atribuya un presunto favorecimiento a su hijo en el Jurado Nacional de Elecciones, un proceso que —según recordó— fue declarado prescrito y cuya investigación penal fue archivada por falta de pruebas. En ese sentido, el exfiscal criticó que la JNJ haya utilizado informes antiguos sin considerar adecuadamente sus descargos.

Con la decisión adoptada por el Pleno, se cierra la posibilidad de que Sánchez continúe en el cargo dentro del Ministerio Público. Si bien aún podría recurrir a la vía judicial mediante una acción de amparo, su situación enfrenta una limitación clave: cumplirá 70 años en junio, edad máxima permitida para ejercer funciones en la magistratura. Esto convierte la decisión en prácticamente definitiva, incluso en caso de que un eventual fallo judicial le resulte favorable.

La salida de Pablo Sánchez representa un giro importante en el Ministerio Público, tanto por su peso institucional como por el simbolismo de su trayectoria. Su gestión estuvo marcada por investigaciones relevantes que contribuyeron a posicionarlo como un referente en la lucha contra la corrupción.

No obstante, la resolución de la JNJ ha reavivado el debate sobre la independencia del organismo encargado de nombrar, evaluar y sancionar a jueces y fiscales. Mientras el exmagistrado denuncia una sanción desproporcionada por hechos ya juzgados, la JNJ sostiene su facultad constitucional de evaluar integralmente la conducta de los fiscales supremos.