El Poder Judicial del confirmó la prisión preventiva contra Adrián Villar, acusado de atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro.
La decisión fue adoptada por la Novena Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ratificó la medida de nueve meses de prisión preventiva contra el investigado, quien afronta cargos por homicidio culposo, omisión de socorro y presunto delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar del accidente.
Sala confirma medida por riesgo procesal
En su resolución, el tribunal determinó que la medida cumple con el “test de proporcionalidad”, criterio clave para justificar la imposición de prisión preventiva. De esta manera, desestimó los argumentos presentados por la defensa de Villar, que buscaba revocar la medida.
Asimismo, la sala señaló que el plazo de nueve meses solicitado por el Ministerio Público resulta razonable y necesario para garantizar el desarrollo adecuado del proceso penal, considerando la gravedad de los hechos y la posible pena efectiva que podría imponerse.
“El plazo responde a la necesidad de asegurar la efectividad del proceso”, precisa el documento judicial, al subrayar que no solo se busca asegurar la presencia del investigado, sino también evitar posibles riesgos que obstaculicen la investigación.
Medida vigente hasta noviembre
Según lo establecido, la prisión preventiva se mantendrá vigente hasta el 25 de noviembre de este año. Durante este periodo, las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.
La sala también concluyó que la resolución inicial estuvo debidamente motivada, descartando la existencia de vicios procesales que invaliden la medida impuesta.
La defensa legal de Adrián Villar, a cargo del abogado César Nakazaki, cuestionó los fundamentos utilizados por la Fiscalía para sustentar la gravedad del caso y la posible pena.
En particular, objetó que la supuesta “infracción de normas de tránsito” no habría sido incluida en la formalización de la investigación preparatoria ni en el requerimiento inicial de prisión preventiva.
Según la defensa, esta omisión afectaría la legalidad en la determinación de la pena probable, uno de los elementos que se consideran para dictar medidas restrictivas como la prisión preventiva.
El atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano generó gran impacto en la ciudadanía, especialmente por tratarse de una deportista que realizaba actividades físicas en la vía pública. El hecho también abrió el debate sobre la seguridad vial en distritos urbanos y la responsabilidad de los conductores.
Además, la presunta fuga del lugar del accidente y la omisión de auxilio agravaron la situación legal del investigado, elementos que han sido considerados por las autoridades judiciales para sustentar la medida.
