Carlos Alberto Zegarra Sánchez es la nueva carta del fujimorismo para representar a los iqueños en la cámara de diputados en el Congreso bicameral. Sin embargo, el número 1 en la lista de Fuerza Popular, mantiene vigente su cargo como director de Coordinación Regional del Gobierno Regional de Ica (GORE Ica), una dirección que maneja personal a su cargo y coordina acciones con dependencias del Estado en toda la región.

A su vez enfrenta un conjunto de al menos ocho investigaciones fiscales y procesos judiciales de distinta naturaleza, varios de ellos vinculados a presuntos delitos contra la administración pública cometidos durante su paso por el Estado.

Fuentes de este medio proporcionaron el reporte casos fiscales a nombre de Carlos Alberto Zegarra Sánchez, con corte al 13 de marzo de 2026. Donde registra ocho procesos vinculados a su nombre. De ese total, cuatro lo señalan como denunciado o imputado en causas penales activas.

La revisión de Carpetas Fiscales revela un patrón que incluye investigaciones por corrupción, una imputación por organización criminal, denuncias por violencia familiar y una sanción electoral por uso indebido de recursos públicos. Lo último, evidentemente protegido por el Gore Ica que mostró su disconformidad por lo investigado por el Jurado Electoral Especial en Ica. 

Imputación más grave: organización criminal

El caso más delicado está en la Carpeta Fiscal N.º 50201014-2026-6-0, abierto el 6 de enero de 2026 ante la Fiscalía Suprema.

En esta investigación, Zegarra Sánchez figura como imputado por el presunto delito de organización criminal, en la modalidad de promover o integrar una red delictiva. La denuncia aún se encuentra pendiente de calificación.

A este caso se suma una investigación preparatoria ya formalizada por la Fiscalía Anticorrupción de Ica (C.F. N.º 2106015500-2024-196-0), donde es investigado por concusión y colusión con defraudación al Estado.

Ambos delitos están directamente relacionados con el ejercicio de la función pública, al implicar el presunto uso del cargo para obtener beneficios indebidos o perjudicar económicamente al Estado.

Otro de los procesos relevantes es el caso por peculado de uso (C.F. N.º 2106015500-2023-143-1), que se encuentra en etapa avanzada, con audiencia de apelación ya realizada.

Este delito sanciona a funcionarios que utilizan recursos del Estado para fines particulares, lo que refuerza los cuestionamientos sobre su desempeño en cargos públicos.

Trabajó en el Gore de Ica y hoy no hay claridad sobre su salida

Un punto clave en la investigación es su vínculo con el Gobierno Regional de Ica.

Si bien públicamente se ha señalado que ya no labora en la entidad, no se ha ubicado una resolución oficial que formalice su desvinculación. Además, su información no habría sido completamente retirada de los registros institucionales, lo que genera dudas sobre la transparencia de su situación laboral.

Este aspecto resulta relevante considerando que varias de las investigaciones en su contra están vinculadas a hechos que habrían ocurrido durante su paso por la función pública.

Memoria

Antes de postular, el Jurado Electoral Especial de Ica determinó que realizó propaganda política a favor de su partido mientras ejercía funciones en el Estado.

La resolución concluyó que utilizó su posición institucional e imagen para favorecer una agrupación política, lo que motivó la remisión del caso a entidades como el Ministerio Público y la Contraloría.

Actualmente, el candidato también registra dos denuncias por violencia familiar por maltrato psicológico, así como una sentencia que lo obliga a cumplir con el pago de pensión alimenticia a favor de su hija menor de tan solo 300 soles.

¿Qué dijo el candidato?

En entrevista con el diputado de Fuerza Popular evitó abordar de manera directa la gravedad de los ocho procesos fiscales que enfrenta. Él aseguró que las investigaciones “serán archivadas”, aunque no precisó elementos concretos que sustenten dicha afirmación, dijo que todo es tan solo el costo de entrar a la función pública.