Un operativo militar desarrollado en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, dejó un saldo de cinco civiles fallecidos, dos heridos y la detención de ocho efectivos del Ejército Peruano, en medio de una investigación que podría cambiar por completo la versión inicial presentada por fuentes militares.
La intervención ocurrió en el sector conocido como Puente Mellizo, una zona estratégica ubicada cerca de la hidroeléctrica del Mantaro y considerada una ruta de tránsito utilizada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en el corredor del VRAEM hacia regiones como Ayacucho, Huancavelica y Junín.
Entre los detenidos figura el capitán del Ejército Luis Montenegro, quien permanece junto con los demás efectivos bajo custodia de la División de Investigación Criminal (Divincri) en Huanta.
Las autoridades confirmaron que las cinco personas fallecidas eran civiles y que el proceso de identificación oficial continúa en desarrollo. Asimismo, los heridos fueron identificados como Everoto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, ambos de 23 años, quienes permanecen internados en el Hospital de Pampas. Ninguno pertenece a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional.
Inicialmente, fuentes militares señalaron que se trató de un enfrentamiento contra presuntos delincuentes vinculados al tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, las primeras diligencias fiscales y peritajes realizados por la Fiscalía Antidrogas de Huancayo han comenzado a desmontar esa versión.
De acuerdo con información recogida por RPP y los informes preliminares de la investigación, no existió intercambio de disparos durante el operativo. Además, no se reportaron heridos entre el personal militar ni policial que participó en la intervención.
Las pericias técnicas y los testimonios recogidos coinciden en un punto clave: los ocupantes de la camioneta civil intervenida no portaban armas de fuego ni transportaban sustancias ilícitas. Este hallazgo ha generado serias dudas sobre la legalidad y proporcionalidad de la acción militar.
Testigos presenciales relataron que no hubo combate alguno y que la patrulla militar habría ejecutado un ataque directo contra el vehículo, cuyos ocupantes se encontraban completamente desarmados. Esta versión ha fortalecido la hipótesis de una posible ejecución extrajudicial.
La Fiscalía Penal mantiene el foco en determinar si existió uso excesivo de la fuerza o una actuación arbitraria por parte de los efectivos de inteligencia militar que participaron en la operación. El caso podría derivar en responsabilidades penales individuales para los involucrados.
El hecho ha generado fuerte preocupación en la zona y ha reabierto el debate sobre los protocolos de intervención militar en zonas de alta sensibilidad vinculadas al narcotráfico, especialmente en corredores estratégicos cercanos al VRAEM, donde operativos conjuntos suelen desarrollarse con frecuencia.
La ausencia de evidencia sobre un presunto enfrentamiento y la confirmación de que las víctimas no portaban armamento colocan a las autoridades frente a un escenario delicado que exige transparencia y una investigación exhaustiva.
La actuación de la Fiscalía será clave para esclarecer lo ocurrido en Colcabamba y determinar si se trató de un error operativo, una intervención irregular o un hecho de mayor gravedad que comprometa directamente a mandos militares.
Mientras avanzan las investigaciones, familiares de las víctimas y pobladores de la zona exigen justicia y una explicación clara sobre por qué cinco civiles terminaron muertos en una operación que, según la versión oficial inicial, buscaba combatir el narcotráfico.
