La Fiscalía Provincial Penal de Tayacaja no solicitó la ampliación de la detención preliminar contra los ocho militares implicados en la muerte de cinco jóvenes ocurrida en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en la región Huancavelica. Como consecuencia, todos los efectivos recuperaron su libertad este lunes, pese a que continúan siendo investigados por el presunto delito de homicidio calificado.
El hecho registrado el sábado 25 de abril, ha generado una fuerte controversia nacional debido a la gravedad del operativo militar, que terminó con cinco civiles fallecidos y dos heridos, además de serias dudas sobre la versión oficial presentada por las Fuerzas Armadas.
Quiénes son los militares liberados
Tras vencer el plazo de la detención por flagrancia, quedaron en libertad el capitán Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.
La fiscal Zina Romero Chávez abrió una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado; sin embargo, al no solicitar la prolongación de la medida restrictiva, los investigados afrontarán el proceso bajo comparecencia.
Esta decisión ha sido duramente cuestionada por la defensa de las víctimas y por especialistas que consideran que la magnitud del caso exigía una respuesta más severa desde el Ministerio Público.
Testigos y sobrevivientes también permanecen libres
Junto a los militares, también quedaron en libertad Ricardo Acuña Quispe, Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, quienes viajaban en la camioneta intervenida durante el operativo.
Ricardo Acuña declaró ante la Fiscalía que anteriormente había transportado droga antes del ataque militar, lo que se convirtió en uno de los elementos utilizados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para sostener la hipótesis de un presunto vínculo con redes del narcotráfico.
Sin embargo, esta afirmación no ha sido suficiente para confirmar que existiera una amenaza armada en el momento de la intervención.
Peritajes contradicen la versión militar
Uno de los elementos más contundentes dentro de la investigación son los resultados del peritaje de absorción atómica practicado a las víctimas. La prueba determinó que ninguno de los jóvenes fallecidos realizó disparos con arma de fuego.
Este hallazgo contradice directamente la versión oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que sostuvo que los ocupantes de la camioneta respondieron armadamente y que la patrulla militar actuó en legítima defensa.
Por el contrario, la misma prueba realizada a los militares confirma un uso intensivo de armamento por parte de la patrulla del Ejército.
Más de 60 impactos de bala en la camioneta
La unidad de investigación del Diario La República reveló que la camioneta Toyota 4×4 en la que se desplazaban los jóvenes presenta aproximadamente 60 impactos de bala en distintos ángulos.
Los proyectiles corresponden a fusiles de largo alcance utilizados por los efectivos militares, lo que refuerza la hipótesis de un ataque unilateral y no de un enfrentamiento armado.
Además, los peritos de criminalística determinaron que en la escena del crimen no existían evidencias de intercambio de disparos entre los ocupantes del vehículo y los miembros de la patrulla militar.
No se hallaron armas de fuego en posesión de las víctimas ni rastros técnicos que sustenten una balacera cruzada.
Defensa legal presentará queja contra fiscal
El abogado Anthony Crespo, representante legal en el caso, anunció que presentará una queja formal ante el órgano de control del Ministerio Público contra la fiscal Zina Romero Chávez por no haber solicitado la ampliación de la detención preliminar.
En declaraciones para Ojo Público, Crespo cuestionó que los investigados enfrenten el proceso en libertad pese a la gravedad de los hechos y a los resultados periciales que, según indicó, demuestran el uso desproporcionado de la fuerza.
La defensa sostiene que la decisión fiscal debilita la búsqueda de justicia y genera preocupación en las familias de las víctimas.
La versión oficial del Ejército
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mantiene su posición y afirma que la intervención se produjo porque los ocupantes de la camioneta estaban vinculados a organizaciones de narcotráfico que operan en la zona.
Según la institución, los militares hicieron uso de sus armas en legítima defensa durante una operación contra actividades ilícitas.
No obstante, los peritajes, testimonios y reconstrucciones preliminares vienen debilitando esa versión, lo que podría cambiar el rumbo del proceso penal.
