La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha cumplido seis meses sin ofrecer declaraciones directas a los medios de comunicación, lo que ha encendido las alarmas en sectores políticos, sociales y periodísticos. Desde octubre de 2024, la jefa de Estado ha limitado sus apariciones públicas a eventos protocolares, evitando el contacto con la prensa y rechazando repreguntas, una práctica que refuerza su imagen de distanciamiento con la ciudadanía.

Durante este periodo, Boluarte ha participado en actividades públicas frente a escolares o sectores no críticos. Su última “entrevista” fue concedida a dos estudiantes de un colegio de Puente Piedra, en formato de preguntas rápidas (‘ping-pong’), en la que respondió sobre su infancia escolar, pero evitó cualquier mención a temas de gobernabilidad, crisis política o cuestionamientos a su gestión.

El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, justificó esta actitud al afirmar que “no existen condiciones adecuadas para que la presidenta brinde conferencias de prensa”. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por analistas y líderes de opinión, quienes consideran que no hay justificación válida para evitar la rendición de cuentas, especialmente en un régimen democrático donde el acceso a la información es clave.

El silencio presidencial en medio de una baja aprobación ciudadana

El prolongado silencio de Boluarte ocurre en un contexto de escasa popularidad. Diversas encuestas de opinión reflejan una baja aprobación de su gestión, marcada por denuncias de corrupción en su entorno, cuestionamientos sobre su participación en decisiones clave y el escándalo reciente de su cirugía estética.

Este alejamiento mediático ha sido interpretado por expertos como una estrategia para evitar errores comunicacionales o crisis políticas. No obstante, también se percibe como una señal de autoritarismo y falta de voluntad para responder ante el escrutinio público.

En sus escasas intervenciones, la mandataria ha insistido en responsabilizar a “sectores opositores” por los reclamos ciudadanos y a las movilizaciones sociales por la desconfianza económica. “La desconfianza que generamos a través de esas movilizaciones violentas que a nada nos lleva”, señaló en una de sus más recientes alocuciones, sin permitir preguntas.

Democracia sin diálogo: una práctica en retroceso

En toda democracia funcional, el contacto constante con la prensa y la ciudadanía es un pilar fundamental. Negarse a responder preguntas, limitarse a comunicados oficiales o delegar la vocería política genera un deterioro institucional y profundiza el desapego entre el poder y la ciudadanía.

Además, la ausencia de conferencias de prensa impide que los periodistas puedan contrastar información, aclarar dudas o fiscalizar el ejercicio del poder. Esta situación ha sido calificada como una “regresión democrática” por instituciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

Aún no hay una fecha definida para que la presidenta Boluarte reanude su contacto directo con los medios. Mientras tanto, la presión pública crece, exigiendo mayor transparencia y apertura frente a una población cada vez más desconfiada del poder político.