El abogado Edwin de la Cruz, defensa legal del empresario chino Zhihua Yang, salió al frente para rechazar de manera categórica las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien había sugerido que el entorno del ciudadano extranjero habría filtrado imágenes del presidente José Jerí como parte de una supuesta venganza política. Para el letrado, dichas afirmaciones carecen de sustento y se basan únicamente en especulaciones sin respaldo probatorio.

“Me da una pena que el primer ministro especule este tipo de comentario”, manifestó De la Cruz en entrevista con RPP, al ser consultado sobre las acusaciones lanzadas desde la PCM. Según indicó, no existe ningún trasfondo político, económico ni geopolítico detrás de la difusión de los videos que muestran al mandatario ingresando a un local comercial del Centro de Lima que había sido clausurado por la Municipalidad Metropolitana.

“Fue una reunión amical”

De acuerdo con la versión del abogado, el episodio que ha generado polémica se limita a un encuentro personal de carácter amical, el cual fue manejado de manera inadecuada desde el punto de vista institucional. Incluso, reconoció que el propio presidente Jerí pudo haber incurrido en una falta al romper algunos protocolos propios de su investidura, aunque ello no implica la existencia de una maniobra deliberada para perjudicarlo.

“El escándalo del chifa no tiene más trasfondo que ese”, sostuvo De la Cruz, descartando de plano cualquier operación destinada a afectar políticamente al jefe de Estado o a presionarlo por decisiones gubernamentales.

Niegan filtración de videos y presiones

El abogado fue enfático al negar que su patrocinado o personas de su entorno hayan sido responsables de la filtración de los registros audiovisuales. Asimismo, rechazó la hipótesis planteada desde el Ejecutivo sobre un supuesto intento de castigo o represalia contra el presidente Jerí por no haber accedido a presuntos pedidos del empresario.

“No ha existido ningún tipo de presión, ni mucho menos una venganza”, remarcó, insistiendo en que atribuir intenciones políticas al entorno de Yang resulta irresponsable y contribuye a un clima de desinformación.

Sin contratos con el Estado ni intereses ocultos

Durante la entrevista, De la Cruz también abordó las sospechas sobre posibles intereses económicos detrás de los encuentros entre Zhihua Yang y el presidente de la República. Al respecto, afirmó que su patrocinado no mantiene contratos vigentes con el Estado ni ha suscrito acuerdos directos con el Gobierno del actual mandatario.

“Con la presencia del presidente Jerí, ninguno”, puntualizó. Explicó que Yang participó en el pasado como subcontratista de la empresa estatal China Railway, a través de su firma Construcciones Capón, sin tener relación directa con licitaciones principales ni con decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo.

La única concesión vigente

El abogado reconoció que la única relación actual del empresario con el sector público es la concesión del proyecto Hidroeléctrica América S.A.C., ubicado en la región Apurímac. Sin embargo, precisó que se trata de una obra que no ha sido ejecutada y cuya entrega estaba prevista para el mes de mayo.

Según explicó, el retraso del proyecto se debe a la oposición de la comunidad de Pacobamba, que ha expresado preocupaciones por presuntos impactos ambientales. A pesar de ello, indicó que Yang dejó una carta fianza superior a los 270 mil dólares, monto que podría perder incluso si la concesión finalmente caduca.

“No hay tráfico de influencias”

Finalmente, De la Cruz subrayó que todas las gestiones relacionadas con el proyecto hidroeléctrico se realizan directamente con las autoridades comunales y no con funcionarios del Ejecutivo, lo que —en su versión— descarta cualquier intento de tráfico de influencias o aprovechamiento indebido del poder político.