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Abogado de Vladimir Cerrón afirma ante el Tribunal Constitucional que el líder de Perú Libre “no es prófugo, sino víctima de atropello judicial”

La defensa de Vladimir Cerrón sostuvo ante el Tribunal Constitucional que el líder de Perú Libre no es prófugo de la justicia. El TC evalúa un hábeas corpus que busca anular su prisión preventiva.
Vladimir Cerrón

Durante una audiencia realizada en el Tribunal Constitucional (TC), el abogado Humberto Abanto sostuvo que el líder de Peru Libre, Vladimir Cerron, no debe ser considerado un prófugo de la justicia, sino una “víctima” de lo que calificó como un atropello judicial.

Las declaraciones se produjeron durante la audiencia en la que el máximo órgano constitucional evaluó el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Cerrón con el objetivo de anular la prisión preventiva dictada en su contra.

Defensa sostiene que Cerrón es víctima del sistema judicial

El pronunciamiento del abogado se produjo tras una consulta del magistrado Cesar Ochoa, quien preguntó directamente si la defensa considera que Cerrón es actualmente un prófugo de la justicia. Ante ello, Abanto respondió de manera tajante que no comparte esa calificación.

¿Para usted no es un prófugo de la justicia el señor Cerrón?”, consultó el magistrado.
“No, es una víctima de un atropello judicial que ha generado, por redundancia, esta situación”, respondió el abogado durante la audiencia pública.

Según la defensa, la situación de clandestinidad del exgobernador regional de Junín sería consecuencia de decisiones judiciales que, a su juicio, alteraron de manera irregular su situación jurídica.

Debate sobre el peligro procesal

Durante la audiencia, Humberto Abanto recordó que en una etapa inicial del proceso el Poder Judicial rechazó imponer prisión preventiva contra Cerrón, al considerar que no existía peligro procesal.

En ese momento, el tribunal habría determinado que el líder de Perú Libre contaba con arraigo suficiente, por lo que bastaba la medida de comparecencia con restricciones para asegurar su participación en el proceso judicial.

Sin embargo, el magistrado César Ochoa planteó una nueva interrogante a la defensa: si la actual situación de clandestinidad del político —quien incluso estaría fuera del país, según diversas versiones— no constituye precisamente un indicio de peligro procesal.

“¿Esa situación no le parece anómala, atípica, extraordinaria?”, preguntó el magistrado.

Defensa responsabiliza al Estado

En respuesta, el abogado argumentó que la situación no sería anómala si se considera que, según su versión, fue el propio Estado el que generó las condiciones que llevaron a Cerrón a apartarse del proceso.

Abanto sostuvo que su patrocinado estaba cumpliendo las medidas de comparecencia cuando se produjo una decisión judicial que modificó el curso del proceso.

El abogado mencionó el caso del denominado Aeródromo Wanka, proceso que posteriormente fue revisado por instancias judiciales y en el cual, según afirmó, Cerrón fue finalmente absuelto.

De acuerdo con la defensa, este antecedente demostraría que hubo decisiones judiciales erróneas que afectaron la situación legal del dirigente político.

Procuraduría sostiene que sí existe peligro procesal

La posición de la defensa fue cuestionada durante la audiencia por la representante de la Procuraduría del Poder Judicial, Indira Bedregal.

La abogada sostuvo que la conducta del líder político evidencia un claro peligro procesal, ya que no se presentó ante la justicia incluso después de que la Corte Suprema del Peru emitiera una resolución que lo absolvía en uno de los procesos.

“Estamos ante una clara situación de peligro procesal”, señaló la representante legal del Estado.

Según indicó, esta circunstancia demostraría que no existe arbitrariedad en la medida de prisión preventiva, como sostiene la defensa.

Posible fallo del Tribunal Constitucional

Mientras el TC evalúa el caso, un documento difundido por el periodista Cesar Hildebrandt señala que la sentencia a favor de Cerrón ya habría sido redactada y contaría con el respaldo de al menos cuatro magistrados.

El texto preliminar incluiría dos decisiones centrales: declarar fundada la demanda por vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y anular las resoluciones que confirmaron la prisión preventiva.

De concretarse este fallo, el Tribunal Constitucional ordenaría al juzgado correspondiente emitir una nueva resolución para definir la situación jurídica de Vladimir Cerrón.

Trámite del hábeas corpus

El expediente del hábeas corpus ingresó al Tribunal Constitucional el 11 de febrero de 2026, tras haber pasado previamente por la Primera Sala Constitucional de Lima.

Dos días después, la defensa legal solicitó que se programe con urgencia la audiencia, argumentando la necesidad de un pronunciamiento definitivo.

El órgano constitucional respondió inicialmente que las audiencias solo se convocan cuando los magistrados consideran que existe una materia de fondo que debe ser evaluada.






















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