La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos dejó al descubierto nuevos elementos que complicarían su situación legal por el atropello que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano.
Durante la sesión realizada este martes 3 de marzo, representantes del Ministerio Público sostuvieron que el investigado habría eliminado llamadas y mensajes clave de su teléfono celular en las horas posteriores al siniestro ocurrido el 17 de febrero en el distrito de San Isidro.
Argumentos del Ministerio Público en caso Adrián Villar
La fiscal Yanet Roller Rodríguez sustentó ante el juez Adolfo Farfán Calderón, del 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, que existen inconsistencias entre el registro de comunicaciones del imputado y el historial que figura en el celular de un testigo clave.
Según explicó la integrante del Ministerio Público, el análisis preliminar reveló que la primera llamada registrada en el equipo de Villar aparece más de dos horas después del accidente. Sin embargo, el padre de su expareja, Juan Montenegro Bacigalupo, declaró haber mantenido comunicación telefónica con el investigado a las 00:50 del 18 de febrero, es decir, pocas horas después del atropello.
Esa llamada no figura en el equipo del acusado, lo que para la Fiscalía constituye un indicio de manipulación de evidencia. “No sabemos qué otras comunicaciones estén borradas; es decir, ha obstaculizado la investigación y puede seguir haciéndolo”, alertó Roller Rodríguez durante la audiencia.
La hipótesis fiscal apunta a que la presunta supresión de mensajes y llamadas refuerza la tesis de un intento por entorpecer las diligencias desde las primeras horas del caso, lo que configuraría peligro procesal y justificaría que el investigado afronte el proceso con prisión preventiva.
Este argumento ya había sido adelantado días antes por el fiscal Henry Zavaleta, quien mencionó una conversación de WhatsApp sostenida la mañana del 18 de febrero entre Villar y Montenegro Bacigalupo. En ese intercambio, el testigo le habría recomendado ponerse a disposición de las autoridades; sin embargo, dichos mensajes no aparecen en el celular del investigado.
De acuerdo con el acta de perennización del teléfono del testigo, sí existen registros de esas conversaciones en su dispositivo, lo que refuerza la sospecha de que fueron eliminadas unilateralmente del equipo de Villar.
Frente a estos indicios, el Ministerio Público anunció que solicitará una pericia de análisis digital forense para determinar si efectivamente se borraron llamadas, chats u otros archivos relevantes que puedan aportar a la reconstrucción de los hechos.
La eventual confirmación de manipulación de evidencia podría agravar la situación legal del investigado, no solo en el marco del delito principal, sino también respecto a una posible obstrucción a la justicia.


