El consorcio de transporte urbano AeroDirecto enfrenta serios cuestionamientos tras revelarse que sus unidades acumulan más de S/ 46,000 en deudas por infracciones de tránsito. Pese a ello, los buses de la empresa continúan operando en Lima y Callao, lo que evidencia vacíos en el control del sistema de transporte.
Una investigación presentada por el diario El Comercio reveló que más de cincuenta buses de AeroDirecto están implicados en este problema, siendo el caso más grave el de un vehículo de la empresa Niño Emma Noel —parte del consorcio— que por sí solo concentra S/ 27,000 en multas.
La multa más alta: sin licencia de conducir
El caso más alarmante es el de una papeleta de S/ 21,400 impuesta en noviembre de 2024 por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La sanción se aplicó luego de que se descubriera que el conductor del bus circulaba sin licencia de conducir, una de las infracciones más graves dentro del sistema de transporte urbano.
Esta multa, una de las mayores registradas por la ATU, representa casi la mitad de la deuda total acumulada por AeroDirecto. Además, ese mismo bus suma otras infracciones, llevando su deuda individual a S/ 27,000.
La investigación también reveló que otros vehículos del consorcio AeroDirecto presentan sanciones que oscilan entre S/ 1,340 y S/ 4,000. Estas cifras reflejan un patrón preocupante de incumplimiento sistemático de las normas de tránsito.
Más allá del caso individual del conductor sin licencia, las multas acumuladas por exceso de velocidad, mal estacionamiento y otras infracciones revelan una cultura de informalidad dentro del operador de transporte.
Vacíos en el control y la fiscalización
Aunque la ATU y otras autoridades mantienen procesos de fiscalización, la persistencia de estas conductas infractoras muestra que los mecanismos de control resultan insuficientes.
Según fuentes consultadas por el mencionado medio de prensa, no es un caso aislado: muchas empresas operan pese a tener multas impagas, aprovechando vacíos legales y retrasos en la ejecución de sanciones.
En teoría, los vehículos con deudas importantes deberían ser retirados de circulación hasta que regularicen su situación. Sin embargo, en la práctica, estas medidas no siempre se aplican con rigor, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios del transporte público.
La clave está en la falta de coordinación interinstitucional. Mientras la ATU impone sanciones, la ejecución de las mismas depende de otras entidades, como los municipios y la Policía Nacional. Esto genera una burocracia que demora el retiro efectivo de buses infractores.
El caso de AeroDirecto es un ejemplo claro de cómo las fallas en el sistema permiten que operadores con graves antecedentes sigan circulando, afectando la calidad y seguridad del servicio.
Por ahora, los usuarios seguirán expuestos mientras no se tomen medidas más contundentes para garantizar que empresas con este tipo de historial no puedan operar en el sistema de transporte urbano de Lima y Callao.
