El primer debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026 dejó uno de los momentos más tensos cuando el candidato Álex Gonzales Castillo, del Partido Demócrata Verde, confrontó directamente a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, por su gestión como alcalde de Lima.
Durante su intervención, Gonzales lanzó duras críticas contra la administración municipal de su contendor, cuestionando tanto decisiones políticas como presuntos problemas en la gestión financiera de la ciudad. “¿Quién le puede creer a quien juró que terminaría su mandato como alcalde y resultó traicionando la confianza de los ciudadanos?”, expresó, en alusión a la salida anticipada de López Aliaga del cargo para postular a la presidencia.
El candidato también vinculó la gestión municipal con el incremento de la inseguridad en la capital. “Nos dejó una Lima potencia mundial del crimen”, afirmó, reforzando uno de los temas más sensibles para el electorado: la seguridad ciudadana. Asimismo, criticó proyectos específicos, como la adquisición de trenes usados y la emisión de bonos por miles de millones de soles.
El candidato también vinculó la gestión municipal con el incremento de la inseguridad en la capital. “Nos dejó una Lima potencia mundial del crimen”, afirmó, reforzando uno de los temas más sensibles para el electorado: la seguridad ciudadana. Asimismo, criticó proyectos específicos, como la adquisición de trenes usados y la emisión de bonos por miles de millones de soles.
Otro de los puntos clave mencionados por Gonzales fue la investigación preliminar que enfrenta López Aliaga por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Este proceso se originó a partir de una denuncia presentada por el auditor independiente Julio Sifuentes Reyes, quien también ha estado vinculado a otras denuncias de presuntas irregularidades en la gestión pública.
¿De qué trata la investigación contra Rafael López Aliaga?
Según la acusación, la Municipalidad Metropolitana de Lima habría emitido bonos de titulización por un monto de S/4 mil millones, comprometiendo ingresos futuros provenientes de impuestos como el de alcabala y vehicular. Este tipo de operaciones financieras son legales, pero deben cumplir estrictos requisitos técnicos y normativos.
De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República, la operación de endeudamiento implicaría un plazo de pago de hasta 20 años, con cinco años adicionales de gracia, lo que podría afectar las finanzas de varias gestiones municipales futuras. Este aspecto ha generado preocupación en distintos sectores, al considerar que compromete recursos a largo plazo.
Frente a las acusaciones, Rafael López Aliaga optó por no responder directamente durante el intercambio. En su turno de intervención, evitó referirse a los cuestionamientos y aseguró que prefería enfocarse en propuestas. “Hablaré de propuestas concretas y no de difamaciones”, señaló.
El episodio refleja el tono confrontacional que viene marcando la campaña electoral, donde los candidatos no solo presentan planes de gobierno, sino que también recurren a cuestionamientos sobre la trayectoria y gestión de sus adversarios.
