Este jueves 27 de febrero se conoció que distintos líderes políticos suscribieron un documento el cual contiene una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y otras altas autoridades en el marco de las investigaciones por las muertes registradas durante las movilizaciones sociales contra el actual Gobierno. Estos actos provocaron el saldo de aproximadamente 49 fallecidos y más de 300 heridos.
Como se recuerda, Dina Boluarte asumió la presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022 luego de que su antecesor Pedro Castillo intentó realizar un golpe de Estado al querer disolver el Congreso de la República como parte de una maniobra para frenar las acusaciones que pesaban en su contra.
En ese sentido, el plan ejecutado por Castillo Terrones no resultó a su favor, por lo que fue detenido por los miembros de la Policía Nacional del Perú para que sea arrestado y cumplan con las sanciones impuestas por el Poder Judicial por el presunto delito de rebelión y otros posibles hechos punibles.
En paralelo, Boluarte Zegarra llegaba al hemiciclo del Congreso para juramentar como nueva presidenta de la República. Las primeras palabras de la jefa de Estado provocaron el descontento de los ciudadanos de diferentes regiones, en especial las del sur.
Por más de dos semanas se registraron enfrentamientos entre grupos sociales y efectivos del orden, lo que provocó que ciudadanos perdieran la vida. A pesar de que transcurrió un año y medio, las investigaciones aún no avanzan, por lo que no se ha encontrado responsables, pese a las evidencias que publicaron los medios de comunicación.
Amplían denuncia contra Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional
Alrededor de 18 personas presentaron la ampliación de la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y otras altas autoridades. La acusación fue puesta a disposición de la autoridad internacional para completar la información «concreta» respecto a lo registrado en las movilizaciones sociales.
«La precitada denuncia, como informamos oportunamente, alcanza a las más altas autoridades del gobierno peruano, comenzando por la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, implicada en los hechos que condujeron a la muerte de 49 peruanos y de, al menos, 344 heridos, ocurridos entre enero de 2022 y febrero de 2023. Así, la ampliación a que hacemos referencia se basa en la necesidad de completar información concreta sobre lo ocurrido en los últimos meses en relación con tales hechos y la situación de las víctimas, de acuerdo con los requerimientos jurídicos de la CPI», manifiestan.
Manifestaron que desde agosto de 2024 hasta la actualidad han aparecido una serie de elementos nuevos relacionados a la conducta de las autoridades. Aseguraron que no se han encontrado a los responsables para que cumplan con las sanciones que ameriten.
«En efecto, desde agosto de 2024 a la fecha, han surgido una serie de elementos nuevos relacionados con la conducta de las autoridades del Perú mientras se confirma, ante propios y extraños, que nadie purga condena por los abdominales ilícitos penales que referimos, nadie ha sido llevado a juicio y nadie ha sido acusado ante el Poder Judicial. Esto nos obliga a actualizar la denuncia con estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos», sostienen.
Adelantaron que tienen previsto crear un grupo de trabajo denominado «Comisión de la Verdad» para que determine la precisión en cuanto a los presuntos delitos que se hayan cometido durante el estallido social. Vale precisar que las pesquisas del Ministerio Público aún no han concluido.
«Asimismo, con el apoyo de organizaciones internacionales, tenemos previsto promover la creación de una Comisión de la Verdad, que determine con precisión la magnitud de los hechos y contribuya con la plena identificación de todos los responsables», manifestaron.
