La inclusión de catorce candidatos con sentencias penales en la lista electoral de Alianza para el Progreso (APP) ha generado una fuerte controversia política a pocos meses de las Elecciones Generales de 2026. El líder y candidato presidencial del partido, César Acuña, se vio obligado a pronunciarse y aseguró que solicitará explicaciones a la dirigencia, reconociendo que existieron deficiencias en el proceso de selección de postulantes, pese a la anunciada existencia de una comisión evaluadora.

Durante una actividad proselitista realizada en el distrito de Jesús María, el fundador de APP sostuvo que su organización busca “limpiar la imagen del Congreso” y promover cuadros probos que fortalezcan la institucionalidad democrática. “Tenemos que tener congresistas que tengan la vocación de demostrar al país que se debe respetar la institucionalidad”, declaró. Sin embargo, sus palabras contrastaron con la información revelada sobre la presencia de candidatos con antecedentes judiciales en sus propias filas.

Al ser consultado por este aparente doble discurso, Acuña afirmó que desconocía la situación. “Yo me acabo de enterar ahorita, tengo que evaluar y que me expliquen por qué han inscrito candidatos que tienen antecedentes”, manifestó. Sus declaraciones no lograron calmar las críticas, pues para muchos analistas la responsabilidad política recae directamente en la cúpula partidaria.

El caso de APP, no obstante, no es aislado. Según una investigación difundida por Panamericana, más de 250 candidatos al Congreso de la República presentan sentencias condenatorias por delitos que van desde corrupción política hasta hurto agravado, peculado, estafa genérica, violencia familiar y falsedad ideológica. Estas cifras han encendido las alarmas sobre la calidad de la oferta electoral de cara al 2026.

Entre las agrupaciones con mayor número de postulantes sentenciados figuran Podemos (18 candidatos), Fuerza Popular (15), Perú Libre (15) y Alianza para el Progreso (13). Les siguen el Partido Aprista, el Partido Democrático Federal y Perú Primero con 12 cada uno, además de Somos Perú, Obras y el Frente de la Esperanza con 11. Otras organizaciones, como Perú Moderno, Progresemos y Juntos por el Perú, registran al menos 10 candidatos en similar situación.

La revisión de antecedentes se ha vuelto una tarea especialmente compleja debido al alto número de postulantes: solo este año, cerca de diez mil personas integran listas a nivel nacional. Esta magnitud dificulta un control exhaustivo tanto para los partidos políticos como para los organismos de fiscalización electoral, lo que abre espacios para omisiones y fallas en los filtros internos.

Especialistas analizan el tema

Para José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, la responsabilidad principal recae en las propias organizaciones políticas. “Los partidos son los primeros responsables de ofrecernos un menú ya revisado. Eso es importantísimo. Y luego los electores tenemos otra responsabilidad: volver a mirar”, señaló. En su opinión, la crisis de representación no solo se explica por vacíos legales, sino por la falta de compromiso ético de los partidos.

Desde el ámbito jurídico, el especialista en derecho electoral José Tello recordó que la fiscalización de antecedentes corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los jurados electorales especiales, aunque reconoció que el sistema no es infalible. “Va a haber casos en los cuales personas con impedimentos han postulado y no han sido tachadas”, advirtió.

La legislación electoral vigente permite postular a quienes ya cumplieron condena por delitos comunes, aunque establece restricciones más severas para ciertos casos de corrupción. Sin embargo, el volumen de candidaturas y la limitada capacidad de verificación facilitan que personas con antecedentes judiciales logren incorporarse a las listas partidarias.

De cara a las Elecciones 2026, la polémica reabre el debate sobre la urgente necesidad de reformar los mecanismos de selección y fiscalización de candidatos. Más allá de las explicaciones de César Acuña y otros líderes políticos, la ciudadanía enfrenta el desafío de ejercer un voto informado en un escenario donde la transparencia y la idoneidad de los postulantes siguen siendo temas pendientes en la agenda democrática del país.