La violencia contra el transporte público en Lima volvió a cobrar una víctima la noche del 14 de febrero, cuando un chofer de la empresa JC, vinculada a la línea El Rápido, fue atacado a balazos mientras realizaba su ruta habitual. El crimen ocurrió en plena celebración del Día de San Valentín, generando conmoción entre conductores y pasajeros.
El ataque se registró en la avenida Próceres, cerca del cruce con la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal. De acuerdo con información preliminar, la víctima fue trasladada de emergencia a un centro de salud cercano, pero falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.
La Policía Nacional del Perú identificó al conductor como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, de nacionalidad venezolana. Según las primeras investigaciones, el ataque habría sido ejecutado por sicarios que interceptaron la unidad durante su recorrido.
Indignación del gremio transportista
El crimen provocó una inmediata reacción de los representantes del sector. En declaraciones a Exitosa Noticias, José Quispe, dirigente de Transportes Unidos de Lima Este, expresó su indignación y denunció la falta de acciones efectivas del Estado frente a la inseguridad que afecta a los choferes.
“Es lamentable lo que está pasando. Estamos decepcionados porque el Gobierno no ha cumplido con los compromisos asumidos. Hemos presentado documentos, hemos tenido reuniones, pero no hay resultados”, afirmó.
Quispe aseguró que el gremio ha llegado a un punto límite tras reiteradas gestiones sin respuestas concretas. En ese sentido, adelantó que se evalúan medidas radicales de protesta ante la escalada de violencia.
“Nos hemos cansado. No podemos seguir trabajando en estas condiciones. También denunciamos el actuar de algunos fiscales y jueces, porque muchos delincuentes son detenidos y luego liberados bajo medidas preventivas”, sostuvo.
Factores que agravan la inseguridad
El dirigente señaló que la criminalidad en el transporte público se ve facilitada por la falta de control en la venta de chips telefónicos y la circulación de motocicletas, las cuales —según su experiencia— son utilizadas con frecuencia por delincuentes para cometer ataques y huir rápidamente.
“Los chips se venden sin ningún control y las motos circulan transportando pasajeros sin fiscalización. Nos preguntamos qué ha hecho realmente el Gobierno hasta ahora”, cuestionó.
Ataques en zonas concurridas
El asesinato ocurrió cerca de Plaza Norte, uno de los centros comerciales más concurridos de Lima, lo que incrementó la alarma entre los transportistas y vecinos de la zona.
Quispe precisó que la esposa del conductor también resultó herida durante el ataque y permanecía a la espera de atención médica.
“El conductor fue atacado en una zona céntrica y muy transitada. No podemos permitir que estos hechos sigan ocurriendo con total impunidad”, enfatizó.
El dirigente recordó que este crimen se suma a otro ocurrido apenas días antes. El viernes pasado, un conductor de la empresa El Marrón fue asesinado en Lurín tras recibir tres disparos en la cabeza.
“En menos de una semana ya son dos conductores asesinados. Hemos pedido medidas urgentes, pero no hay respuesta”, indicó.
La reiteración de ataques contra choferes ha intensificado las demandas del sector transporte, que exige acciones inmediatas como mayor presencia policial, control del sicariato y reformas en el sistema judicial para evitar la liberación de detenidos.
Para los gremios, la situación ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una crisis de seguridad que amenaza directamente el funcionamiento del transporte público y la vida de miles de trabajadores.

