Cuatro nuevos audios filtrados y revelados por el programa Punto Final exponen un presunto complot orquestado por el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, y el exabogado de Fuerza Popular, Christian Salas. El objetivo: desacreditar y perseguir a los fiscales Marita Barreto, José Domingo Pérez y Rafael Vela, principales rostros del Equipo Especial Lava Jato.
Los audios, enviados por WhatsApp, habrían sido entregados al fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador por un testigo protegido. En estas grabaciones, se escucha a Fernández Jerí proponiendo a Salas manipular el testimonio del agente especial identificado como ‘Roberto’. Este personaje habría colaborado con el extinto equipo Eficcop, encargado de investigar a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Según las revelaciones, ‘Roberto’ sería en realidad una congresista de Fuerza Popular. Después de haber testificado en contra de Benavides, Fernández Jerí intentó convencer a Salas para que persuadiera a la parlamentaria a modificar su declaración e involucrar a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y a Marita Barreto, sugiriendo que ambas la habrían manipulado para acusar a Benavides.
En uno de los fragmentos más comprometedores, la voz atribuida a Fernández Jerí señala:
“Christian, que la congresista hable hacia arriba. Es importante conducir a que la Segunda Suprema también fue cómplice de la caída con Barreto. No le digas nada por teléfono, ella está chequeada por la gente de Colchado. Dale la seguridad que, si lo confiesa, yo inmediatamente ordeno abrir investigación al fiscal”, se le escucha a Fernández Jeri.
Estas declaraciones hacen alusión directa al fiscal José Domingo Pérez, uno de los principales impulsores de las investigaciones contra Keiko Fujimori y su partido. A cambio del falso testimonio, Jerí habría prometido abrir un proceso contra Pérez, debilitando así al equipo Lava Jato.
¿De qué fecha son los audios revelados por Punto Final?
Los audios datan de septiembre de 2024. Desde entonces, la Autoridad Nacional de Control inició seis investigaciones contra Pérez, dos de ellas abiertas en el mismo mes. Por su parte, Marita Barreto también fue blanco de cinco procesos disciplinarios, incluida una suspensión, recientemente ampliada por tres meses.
Esta ofensiva institucional coincidió con un hecho clave: el 7 de abril de 2025, José Domingo Pérez fue suspendido por seis meses de su labor en el Equipo Especial Lava Jato. La medida fue interpretada por muchos analistas como parte de un intento sistemático por desarticular a los fiscales que lideraron la lucha contra la corrupción de alto nivel.
El impacto de estas revelaciones es profundo, no solo por el contenido de los audios, sino por el contexto político en que se dan. El caso Lava Jato, uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, ha involucrado a ex presidentes, empresarios y líderes de partidos políticos, siendo Fuerza Popular uno de los más golpeados.
A medida que se intensifican las investigaciones, aumenta también la presión sobre el Ministerio Público y las autoridades judiciales para que actúen con independencia y transparencia. La filtración de estos audios pone sobre la mesa nuevas preguntas sobre el uso político de los organismos de control y la aparente persecución contra quienes enfrentan al poder.
