El jefe del INPE, Iván Paredes, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Lima tras la difusión de una serie de audios que lo vincularían con el presunto cobro de una coima de S/80.000 a cambio de la excarcelación del expolicía Marcos Quispe Riveros, condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado.
Audios comprometedores
El caso salió a la luz a través de un informe de Cuarto Poder, que presentó varios audios en los que una voz, atribuida a Paredes, coordina presuntamente la entrega de dinero con la esposa del interno, Adela Guamancusi.
En uno de los audios, la voz masculina dice:
“Le voy a depositar en su cuenta para empezar 500 dólares
A lo que la otra persona responde:
“Doctor, espero que cumpla su palabra, porque usted lo prometió, doctor”
En otro fragmento se escucha:
“Escúchame, entre doce y una se está depositando el dinero y yo para que usted vea, ¿Ya señora? Doce y una es la tarde, los 500 dólares los está depositando, ¿Ya?”
Sin embargo, el dinero nunca fue entregado, según la denunciante, quien presentó más de diez grabaciones como pruebas ante el Ministerio Público, solicitando una pericia fonética forense para identificar la voz del funcionario.
Denuncia y amenazas
La denunciante relató que tras exponer el presunto pedido de coima, comenzó a recibir amenazas directas:
“No sabes con quién te has metido, puedes terminar presa igual que tú esposo”
Su abogado, José Carlos Rivera, señaló que Paredes ha sido citado al menos en cuatro ocasiones por la Fiscalía, pero nunca se ha presentado a declarar.
“Si no tiene responsabilidad, que lo demuestre. Tenemos que respetar las leyes”, enfatizó Rivera.
El origen del presunto soborno
El expediente fiscal indica que los hechos datan de abril de 2019, cuando Adela Guamancusi acudió al estudio jurídico de Iván Paredes, ubicado en el distrito de Lince, para solicitar asistencia legal para su esposo, preso por secuestro agravado.
Según su testimonio, Paredes le habría pedido inicialmente US$ 20.000 y S/ 10.000, con la promesa de gestionar la liberación de Quispe Riveros, pero luego le solicitó otros US$ 5.000 adicionales.
La denunciante relató que, al solicitar un recibo por el dinero entregado, Paredes reaccionó con enojo y le respondió:
“Señora, ¿cómo le voy a dar recibo? Si desconfías, recoge tu dinero y que se pudra tu esposo.”
Tras ese altercado, la mujer se retiró del lugar y decidió dejar el caso en manos de su abogado.
Silencio y antecedentes
Ni Iván Paredes ni la oficina de prensa del INPE respondieron a los pedidos de declaración de Cuarto Poder ni a las consultas de otros medios.
El informe periodístico reveló además que Paredes acumula al menos 23 denuncias policiales y 18 carpetas fiscales, entre ellas por conducción en estado de ebriedad, resistencia a la autoridad y accidentes de tránsito.
En 2023, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima lo sancionó con un año de inhabilitación profesional por falta ética grave. Aunque el Poder Judicial anuló la sanción por vicios de forma, el proceso disciplinario continúa pendiente.
Diversos sectores han cuestionado que una persona con múltiples antecedentes judiciales y denuncias se mantenga al frente del sistema penitenciario peruano, responsable de la custodia de miles de internos a nivel nacional.
Especialistas en justicia penal consideran urgente que el Ministerio de Justicia y el Consejo Nacional Penitenciario tomen medidas inmediatas. “El INPE no puede estar dirigido por alguien bajo investigación por corrupción y abuso de poder. La transparencia institucional está en juego”, señaló un exfuncionario del sector.
Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción continúa con las pericias de audio y el análisis financiero de las cuentas vinculadas al funcionario. De comprobarse los hechos, Iván Paredes podría enfrentar procesos penales por tráfico de influencias, cohecho y estafa agravada, delitos que podrían derivar en una inhabilitación y pena de cárcel efectiva.
La denuncia contra el jefe del INPE vuelve a poner en evidencia los graves problemas de corrupción dentro del sistema penitenciario peruano, un sector clave que, paradójicamente, parece necesitar más vigilancia que los propios reclusos que custodia.
