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Betssy Chávez: Poder Judicial evaluará este 5 de setiembre si expremier retorna o no a prisión preventiva

Chávez Chino sigue investigada por rebelión y conspiración tras el intento de golpe de Pedro Castillo.
Betssy Chávez

El Poder Judicial ha programado para este viernes 5 de septiembre una audiencia decisiva que definirá si corresponde restituir la prisión preventiva contra Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Castillo.

La sesión, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se llevará a cabo de manera virtual a partir de las 3:00 p. m.. En ella se debatirá el pedido de prolongación de la medida coercitiva presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que insiste en que la ex premier debe continuar privada de su libertad mientras avanza la investigación por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Contexto: liberación por fallo del Tribunal Constitucional

El anuncio de esta audiencia se produce apenas un día después de que Chávez fuera liberada del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, tras una orden del Tribunal Constitucional (TC). El máximo intérprete de la Constitución declaró nula la prórroga anterior de prisión preventiva, argumentando que fue presentada fuera del plazo legal, lo que convertía la detención en arbitraria.

El 3 de septiembre, el TC resolvió un recurso de agravio constitucional planteado por su defensa, señalando que “ningún retraso administrativo o logístico justifica la privación ilegal de la libertad”. Esta decisión sentó un precedente sobre la necesidad de respetar los plazos procesales en casos de medidas restrictivas de derechos fundamentales.

En cumplimiento de lo dispuesto, el INPE excarceló a la ex funcionaria el jueves 4 de septiembre, verificando que el pedido fiscal de prórroga no había sido tramitado dentro de los tiempos previstos.

Poder Judicial convocó para este viernes para que la defensa legal de Chávez Chino y representantes de la Fiscalía puedan emitir sus alegatos. Fuente: Poder Judicial.

Argumentos de la Fiscalía

Pese a su liberación, Chávez sigue siendo investigada y no ha sido exonerada de los cargos. Según el Ministerio Público, existen riesgos procesales que justifican el retorno de la prisión preventiva:

Peligro de fuga, debido a la magnitud de la pena que enfrentaría en caso de condena.

Posible obstaculización de la justicia, ya que en su calidad de ex alta funcionaria podría influir en testigos o manipular pruebas.

La Fiscalía sustenta su posición en la participación que habría tenido la ex premier durante el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia, actos considerados un intento de golpe de Estado.

La audiencia del 5 de septiembre

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha precisado que la audiencia se realizará vía Google Meet. En caso de que el abogado de Chávez no se conecte, se designará un defensor público para garantizar su derecho a la defensa técnica.

Este proceso está registrado bajo el expediente N.º 00039-2022-50-5001-JS-PE-01.

De aprobarse la solicitud del Ministerio Público, Betssy Chávez podría regresar al penal en las siguientes horas. Si el pedido es rechazado, continuará el proceso en libertad, pero con restricciones que podrían incluir:

  • Impedimento de salida del país.
  • Presentaciones periódicas ante el juzgado.
  • Limitaciones en el uso de redes sociales o declaraciones públicas.

Un caso de alto impacto político

El caso de Betssy Chávez se ha convertido en uno de los procesos judiciales más seguidos de los últimos años, por tratarse de una figura clave en la crisis política que precipitó la caída de Pedro Castillo.

La audiencia del 5 de septiembre será crucial para definir si la ex presidenta del Consejo de Ministros retorna a prisión preventiva o continúa en libertad bajo vigilancia judicial. Además, pondrá nuevamente en debate el equilibrio entre el respeto a las garantías procesales y la necesidad de asegurar una investigación eficaz en delitos contra el orden constitucional.

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