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Boluarte asegura que su Gobierno no es responsable de la inseguridad ciudadana, pero su gestión no observó modificación de normas sobre crimen organizado

Dina Boluarte es cuestionada por la ciudadanía al señalar que los altos índices de delincuencia no vienen desde su gestión, sino desde hace 30 años atrás.
Dina Boluarte

Este último jueves 10 de abril, desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte volvió a generar polémica con sus palabras durante una nueva sesión del denominado Cuarto de Guerra. Lugar donde la titular del Ejecutivo comenta las últimas acciones de la Policía Nacional del Perú y de las fuerzas armadas para combatir la inseguridad ciudadana.

En ese sentido, la jefa de Estado instó a los miembros del Parlamento Nacional a debatir su iniciativa denominada terrorismo urbano para que su Gobierno pueda promulgarla. Agregó que el Ejecutivo se encuentra realizando las acciones necesarias para contrarrestar los índices de inseguridad ciudadana.

“Señores del Congreso, estamos esperando que debatan esa ley y pronto la podamos promulgar. Es del conjunto de las instituciones, sobre todo y del conjunto de la sociedad, la inseguridad ciudadana. No solamente es del Ejecutivo. El Ejecutivo está haciendo todo lo posible y lo imposible créanme que es así. Y estamos desbaratando día con día bandas criminales”, manifestó la también exvicepresidenta de la República durante el Gobierno de Pedro Castillo.

Dina Boluarte indicó que su gestión ha dispuesto la construcción de más centros penitenciarios, ya que los actuales se encuentran abarrotados de delincuentes. No obstante, manifestó que en lo que va de su gestión no se va a poder solucionar las estadísticas del crimen organizado, debido a que es un problema que ha venido en aumento desde hace 30 y 40 años.

“Los estamos asinando sí, porque no hay más cárceles. Las tenemos que construir, sí, estamos en ese proyecto, sí ¿Está participando el sector privado? Sí, porque vamos a construir cárceles rápidamente. En dos años y meses de Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no vamos a poder solucionar, lo que no se ha solucionado en más de 30, 40 años. No es responsabilidad de la presidenta Boluarte, no es la responsabilidad solamente del Ejecutivo”, aseguró Dina Boluarte.

Informes del Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior consideraron no viable propuesta de la Ley 32108

La Ley N° 32108 , recientemente promulgada por el Congreso, ha generado gran controversia tras modificar la normativa contra el crimen organizado. Esta ley obliga a que medidas como los allanamientos solo puedan ejecutarse con la presencia del investigado y su abogado defensor , lo cual, según el Ministerio Público , restringe la lucha contra delitos graves como el sicariato y la extorsión.

La norma cambia la tipificación de organización criminal y establece condiciones restrictivas para la actuación de la fiscalía y la policía, especialmente en lo que respeta a medidas como el allanamiento, el levantamiento del secreto bancario y la inmovilización de cuentas.

El proyecto fue presentado el 29 de setiembre de 2023 por Waldemar Cerrón , segundo vicepresidente del Congreso, y aprobado en comisión el 14 de mayo del año pasado bajo la presidencia del legislador Américo Gonza , ambos del partido Perú Libre.

Dos entidades del Ejecutivo y de la PNP se pronunciaron en contra de la viabilidad de esta propuesta legislativa:

  • El Ministerio de Justicia advirtió que la modificación no se ajusta al derecho internacional y podría limitar el alcance de la ley penal.
  • El Ministerio del Interior señaló que exigir la presencia del abogado del investigado en todos los análisis desnaturaliza esta medida, favoreciendo posibles actos de obstrucción.
  • La Dirincri alertó que debilita la lucha contra organizaciones criminales al limitar bloqueos financieros y otras herramientas clave.

Además, la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio afirmó que la norma podría generar impunidad en investigaciones que involucran a partidos políticos .

Aunque las entidades del Ejecutivo enviaron informes técnicos en contra, el Congreso avanzó con la iniciativa y aprobó el dictamen en dos votaciones : una en el Pleno y otra en la Comisión Permanente, donde obtuvo 12 votos a favor.

El Ejecutivo, liderado por la presidenta Dina Boluarte , no observó la norma ni la promulgó dentro del plazo legal, por lo que fue finalmente promulgada por el Congreso el pasado 1 de agosto .

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