A través de un comunicado, el gremio alertó que esta norma contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Perú y vulnera el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

El CAL respaldó las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien calificó la medida como “un retroceso en la búsqueda de justicia y una violación de los estándares internacionales que prohíben expresamente las amnistías y la prescripción de crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, recordó que el Estado peruano tiene la obligación jurídica de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en especial los fallos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, que prohíben cualquier forma de impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos.

Si bien el CAL reconoció que existen demoras e irregularidades en los procesos judiciales —lo que vulnera el derecho fundamental a ser juzgado en un plazo razonable—, advirtió que estas deficiencias no justifican aprobar una amnistía. En ese sentido, anunció que impulsará una iniciativa legislativa para corregir estas demoras procesales sin contravenir el derecho internacional.

Finalmente, el gremio exhortó a los poderes públicos a derogar la norma y al Ministerio Público a concluir con celeridad y rigor jurídico los procesos pendientes, evitando que las causas se prolonguen indefinidamente.

“El Colegio de Abogados de Lima reafirma su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto irrestricto a los estándares constitucionales e internacionales”, concluye el pronunciamiento.