La Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial enviaron a la cárcel a tres inocentes.
Intervención en el Banco BCP en Villa el Salvador: un falso positivo y la desidia de la Fiscalía y el Poder Judicial
En septiembre de 2021 un operativo policial nos alegró a todos los ciudadanos de bien. Se trató de la captura de tres ciudadanos en la puerta de una agencia bancaria del banco de crédito del Perú BCP ubicado villa El Salvador. En dicha intervención policial concurrieron los esfuerzos de dos unidades policiales de la DEPINCRI de Lima sur. Una la de intervenciones rápidas y otra la de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Para ello se contaba con un informante que les había dateado que aquel día, aquella hora y en aquel lugar iban a asaltar la agencia bancaria del BCP custro sujetos en un auto negro. La información precisa y oportuna del informante permitió que el Comandante Zevallos jefe de la DEPINCRI LIMA SUR coordinará con sigilo sus unidades de intervención rápida, conjuntamente con la Policía de inteligencia quienes habían aportado ese dato esencial para el éxito de la intervención.
Aquel día por la mañana fueron detenidas tres personas YENZY YONEL PEREZ YNGUNZA, LUIS ENRIQUE GARCÍA ROSAS y JULIO DANIEL FRÍAS RAMOS, no siendo ubicado el chofer del auto quien por informe policial posterior a los hechos “se fugó del lugar de los hechos aprovechando la confusión”. Con ellos, los detenidos, se halló armas de fuego, municiones, una granada de guerra y drogas. Un cóctel delictivo que aseguraban el éxito de la operación, puntos en la calificación para todos los efectivos policiales y posiblemente una condecoración al jefe de la DEPINCRI SUR de la PNP por tan exitosa operación policial. Los detenidos que en todo momento dijeron ser inocentes y ajenos al hallazgo en el vehículo negro donde fueron detenidos fueron esposados y trasladados a los calabozos de la policía, fiscalía y luego ya con prisión preventiva encarcelados en un penal de lima por “tan execrable hecho”. Ya en juicio por su inocencia o culpabilidad protestaron en todo momento ser inocentes y que “un hombre” de apodo “Rocky” fue quien los contactó un día antes para un trabajo de vigilancia de un terreno a medio construir y arreglos de albañilería en el mismo”. Añadieron a ello que aquel hombre se bajó del carro y se fue a sacar dinero del cajero luego de lo cual de modo inmediato fueron intervenidos por la policía. A partir de ahí la historia era pública y conocida.
Nunca nadie creyó a los “delincuentes”. No había forma de darles crédito ante la contundencia de las pruebas y el exitoso operativo, que convocó a toda la prensa y contó con la presencia de altas autoridades del ministerio del interior y altos mandos de la policía, tal como consta en los archivos de aquella época. Los tres detenidos de Villa El Salvador: YENZY YONEL PEREZ YNGUNZA, LUIS ENRIQUE GARCÍA ROSAS y JULIO DANIEL FRÍAS RAMOS; fueron condenados a 19 años de pena privativa de la libertad y fueron condenados a 19 años de pena privativa de libertad, y su sentencia fue confirmada en apelación por la sala superior de Lima Sur e incluso por la Corte Suprema de Justicia en la sala penal permanente a cargo del doctor San Martín. El sistema judicial no podía ser cuestionado por personas de poca monta y baja calaña; incluso se mencionaba que “tenían antecedentes”, según los informes de la época.
Denuncias por falsos operativos entre 2022 y 2023
Entre 2022 y 2023, sin embargo, se comenzaron a recibir varias denuncias por falsos operativos policiales, siembra de pruebas y extorsiones por parte de agentes policiales que contaban con “informantes” y “agentes especiales” no identificados ni consignados en las carpetas. Peor aún, dichos operativos no formaban parte de ninguna investigación formal, ya que una vez realizados, los policías que intervenían “convenían” con los detenidos para que el resultado de la intervención no fuera auditable por la autoridad fiscal. Todo ello a cambio de un pacto corrupto del “arreglo” para que “no pase nada”. Pero sí pasó. Los intervenidos denunciaron dichas maniobras ilegales, algunas de las cuales eran producto de “sembrados” y otras de una manipulación grosera y delictiva de los resultados de la investigación, lo que hacía intolerables tales conductas. En la mayoría de los casos, la participación del conocido como “Rocky” era evidente. Se trataba de un civil que, además de ser informante, actuaba como captador de oportunidades y fabricante de escenarios que hacían posibles estas intervenciones policiales fraudulentas. Peor aún, en algunas ocasiones se hacía pasar por “el capitán Flores” y en otras como “el capitán Vargas Machuca”. En todas ellas, la participación de un alto mando (jefatura) de la DEPINCRI Sur era palpable, junto con un grupo de policías corruptos que, a cambio de puntajes de ascenso y dinero, producían operativos policiales ajenos a la verdad, fabricando evidencias y sometiendo a extorsiones a los implicados. Algunos de ellos, como los intervenidos en el caso del banco BCP de Villa El Salvador, fueron condenados a 19 años de pena privativa de libertad, con la anuencia y complicidad omisiva de fiscales y jueces que prefirieron mirar para otro lado y no cumplir con sus obligaciones.
Se inicia diligencias preliminares por la Fiscalía de Lima Sur
La fiscalía anticorrupción de Lima Sur a cargo del Doctor Hugo Freddy Minaya Paulino, abrió diligencias preliminares de investigación con el fin de identificar a todos los participantes de los hechos delictivos que fueron denunciados y evidenciados a partir de sus denominadores comunes y patrones delictivos. La presencia de civiles en los operativos, ya sea como informantes o como infiltrados en los grupos de intervención, marcó el rumbo de lo que fueron descubriendo. De los siete hechos delictivos investigados como operativos policiales con siembra de pruebas y delitos inexistentes, entre los años 2021 y 2023, el más grave, por su grandilocuencia, fue el del BCP. Los hechos apuntaban no solo al grupo operativo de intervención y a la jefatura de la propia DEPINCRI, sino también a los agentes de inteligencia de la PNP que actuaban brindando soporte e información que previamente había sido planificada para asegurar el éxito de la falsa narrativa que inventaban para sus propios fines.
ANP tuvo acceso a información relativa al caso que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción y los experimentados agentes policiales de la DIVIAC. Aquella mañana del 13 de septiembre de 2021, según la fuente, el comandante ordenó que un grupo de suboficiales diera soporte a una intervención que, afirmaba el comandante, ya había sido confirmada por los miembros de inteligencia: Ocampo, Ramos y Rojas Vásquez. Todos ellos eran supervisados por el superior Chávez, quien coordinaba con el comandante. Ante dicha orden de prestar apoyo en el punto específico que había indicado el comandante, la fuente señala que se tuvo que concurrir y cumplir con la orden, que consistía en elaborar los informes de intervención y registro, así como tramitar la denuncia. Los suboficiales que cumplieron con dicha orden fueron Vásquez Rodrigo y Mallqui, respectivamente puesto que los de inteligencia no podían firmar nada pues eran “los hombres en la sombra” y no podían exponerse.
Uno de ellos, Rojas Vásquez, al parecer usaba un chaleco que no le pertenecía, solo con su apellido “Vásquez”, lo cual originó confusión. Sin embargo, su identificación se puede confirmar con el hecho de que fue él quien condujo el carro rojo que transportaba a los detenidos para que pasaran los peritajes de balística y toxicológicos. La fiscalía aún no lo ha identificado plenamente, pero este dato resulta relevante y puede ser útil para comprender a todos los integrantes de la organización criminal. Un dato que añade la fuente es que todos ellos se repartían los puntos para el ascenso, obteniendo en su informe anual más de 85 puntos, que era más de lo normal. Este dato también puede ser útil para la fiscalía.
Otro dato adicional que salta a la vista es el móvil que habrían tenido los miembros de la organización criminal para armar el operativo del BCP. Lo hicieron bajo la pretensión de un realce público como antesala al aniversario de la otrora Policía de Investigaciones (PIP), que se celebra el 15 de septiembre. Los preparativos previos a dicho falso éxito policial así lo hicieron entender cuando se comenzó a investigar estos hechos.
Jueces y fiscales también deben ser destituidos
Otro aspecto que debe llamarnos la atención es la ignominia de jueces y fiscales de todos los niveles, quienes sin duda deben ser sancionados, incluso con la expulsión del cargo, pues permitieron, con su desinterés por los dichos de los intervenidos y su negativa a aceptar los hechos que los incriminaban —al punto de ofrecerles beneficios por aceptar los cargos—, que estos fueran condenados a 19 años de cárcel.
Un país que tolera estos hechos, donde inocentes purgan condenas de muchos años por delitos inventados por la policía, es un país que no tiene futuro, a menos que todos ellos entre policías, jueces y fiscales, sean expulsados de la administración de justicia.
“Ellos son el cáncer que amenaza con destruirnos como sociedad”.
