El Poder Judicial puso fin de manera definitiva al emblemático Caso Nicolini, uno de los procesos más impactantes en la lucha contra la trata de personas y la explotación laboral en el Perú. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por la defensa de los acusados y ratificó las sentencias que superan los 30 años de prisión efectiva contra los esposos responsables de la muerte de Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, quienes fallecieron en el incendio ocurrido en junio de 2017 en la galería comercial Nicolini, en Las Malvinas.

Con esta decisión de última instancia, las condenas quedan firmes e inamovibles. El principal acusado, Jonny Coico Sirlopú, deberá cumplir 35 años de pena privativa de la libertad, mientras que su esposa y cómplice, Vilma Zeña Santamaría, fue sentenciada a 32 años de prisión. Ambos fueron hallados culpables de someter a las víctimas a condiciones inhumanas, restringiendo su libertad y exponiéndolos a un entorno que finalmente derivó en un desenlace trágico.

La fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, destacó la trascendencia del fallo al señalar que se logró acreditar la tesis fiscal de violación de la libertad personal con fines de explotación laboral, en su modalidad más grave: la esclavitud moderna. Según explicó, esta sentencia se convierte en el primer precedente firme de este tipo en la historia judicial peruana, consolidando una línea dura contra quienes lucran con la vulnerabilidad de jóvenes trabajadores.

Un crimen que estremeció al país

El caso se remonta al 22 de junio de 2017, cuando un incendio de gran magnitud consumió la galería Nicolini, una de las zonas comerciales más concurridas del emporio de Las Malvinas, en el Cercado de Lima. Las investigaciones posteriores revelaron una realidad estremecedora: Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán trabajaban encerrados en contenedores metálicos, instalados de forma ilegal en la azotea del edificio, donde realizaban labores de falsificación de productos.

Durante el proceso judicial se comprobó que los jóvenes permanecían bajo llave, con un candado colocado desde el exterior por sus empleadores. Esta práctica no solo buscaba evitar que se llevaran mercadería, sino también impedirles salir a descansar o pedir ayuda, configurando un escenario claro de privación de libertad.

Cuando se desató el incendio, esa misma condición de encierro se convirtió en una trampa mortal. Las víctimas no pudieron huir de las llamas, y pese a los esfuerzos de los bomberos, la estructura blindada impidió un rescate oportuno. La escena conmocionó a la opinión pública y evidenció las graves fallas en la fiscalización laboral y comercial de la época.

Un precedente contra la impunidad

Con la decisión de la Corte Suprema, el Caso Nicolini deja de ser solo un símbolo de tragedia para convertirse en un hito jurídico. El fallo refuerza el mensaje de que la explotación laboral y la trata de personas serán sancionadas con el máximo rigor de la ley, especialmente cuando ponen en riesgo la vida y dignidad de trabajadores jóvenes.

Especialistas en derecho penal consideran que esta sentencia marcará un antes y un después en la persecución de delitos vinculados a la esclavitud moderna, al establecer criterios claros para sancionar a quienes someten a personas a condiciones de trabajo degradantes.