Vizcarra en su solicitud sobre la anulación de su inhabilitación argumenta que el proceso fue injusto y que se vulneraron sus derechos fundamentales.
El Tribunal Constitucional (TC) deberá determinar si anula o mantiene la inhabilitación por diez años del expresidente Martín Vizcarra para ejercer cargo público que el Congreso le impuso en 2021, por el caso «Vacunagate», tras ser acusado de recibir la vacuna contra la COVID-19 de manera irregular durante su mandato, en octubre de 2020.
Martín Vizcarra ha solicitado la anulación de su inhabilitación, argumentando que el proceso en su contra fue injusto y que no se respetaron sus derechos fundamentales, por lo que pide al Tribunal Constitucional la revisión de su caso. Sus abogados consideran que la sanción es desproporcionada y motivada por intereses políticos, mientras que críticos destacan la necesidad de imponer sanciones severas a quienes dañan la confianza pública.
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la inhabilitación de Martín Vizcarra podría tener un impacto significativo en la política peruana y en la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción. Se espera que el fallo, que se anunciará en las próximas semanas, sea crucial no solo para el futuro político de Vizcarra, sino también para establecer un precedente en la rendición de cuentas de los funcionarios. Tanto simpatizantes como detractores están atentos al desenlace de este controvertido caso, lo que genera una gran expectativa en la ciudadanía y entre los actores políticos.