La Defensoría del Pueblo fue emplazada a intervenir ante una presunta detención arbitraria ocurrida en Chincha, luego de que se denunciara que un ciudadano permanece privado de su libertad pese a haber vencido el plazo legal de detención preliminar dispuesto por el Poder Judicial. La solicitud fue presentada por la abogada Guilliana Marisol Mayaute de la Cruz, en representación de Boris Jhon Carlos Andia Huaraca, investigado por el presunto delito de organización criminal, entre otros.
Según fuentes alertan sobre las condiciones en las que el todavía detenido se encuentra, ya que su defensa legal sostiene que su patrocinado comparte una celda con más de 15 personas. Además, precisó que no tiene acceso adecuado al agua, descanso ni condiciones mínima de salubridad.
De acuerdo con el documento ingresado a la Mesa de Partes Virtual de la Defensoría del Pueblo, la defensa legal sostiene que el investigado se encuentra detenido sin un mandato jurisdiccional vigente que autorice la continuación de su privación de libertad, lo que constituiría una vulneración directa del derecho fundamental a la libertad personal.
Según se detalla en el escrito, mediante la Resolución N.º 01, emitida el 14 de enero de 2026, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha ordenó la detención preliminar judicial de Andia Huaraca por un plazo máximo de 15 días, bajo el régimen especial aplicable a investigaciones por organización criminal. Dicha medida se ejecutó el 20 de enero de 2026, fecha desde la cual se inició el cómputo legal del plazo autorizado.
No obstante, la defensa señala que el plazo de detención venció el 4 de febrero de 2026 a las 00:00 horas, sin que hasta ese momento se haya dictado mandato de prisión preventiva ni otra resolución judicial que legitime la continuidad de la detención. Pese a ello, el ciudadano habría permanecido privado de su libertad por más de cinco días adicionales, situación que —según se argumenta— carece de sustento legal.
El escrito advierte que el Código Procesal Penal no contempla mecanismos de prórroga tácita o automática de la detención preliminar, y que la sola presentación de un requerimiento fiscal o la programación de una audiencia no habilitan la prolongación de la privación de libertad. En ese sentido, se precisa que el artículo 271 del citado código regula únicamente el trámite de la audiencia de prisión preventiva, pero no amplía ni renueva los plazos de detención.
Asimismo, la defensa invoca jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en particular la sentencia recaída en el Exp. N.º 01195-2025-PHC/TC (caso Betsy Chávez), en la que se establece que los plazos de detención son límites infranqueables y que su vencimiento determina automáticamente la ilegalidad de la privación de libertad.
Expertos advierten que la Fiscalía está acostumbrada a detener para investigar, violando los derechos fundamentales. A su vez, se critica el hecho que el Ministerio Público espere siempre el último día de la detención preliminar judicial para pedir prisión preventiva. Considerándose, según explican, que una vez vencida la detención preliminar judicial, que dura hasta 15 días, la persona sigue detenida por el pedido de prisión preventiva. Más aún que, la audiencia de prisión preventiva puede durar semanas. Como es el caso del ciudadano afectado y de otros.
