El conflicto entre el Gobierno y los gremios de transporte público parece lejos de resolverse. Pese a la firma de un acta de acuerdos con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), diversas asociaciones de transportistas anunciaron que el paro continuará, al considerar que el documento suscrito no los representa y que fueron excluidos del diálogo oficial.

En declaraciones a Canal N, los dirigentes manifestaron su malestar por la forma en que se llevó a cabo la reunión del lunes 6 de octubre, asegurando que el Gobierno negoció únicamente con un grupo reducido de representantes. “Nos sentimos marginados, ninguneados y sin voz. El acta no tiene validez porque no recoge los verdaderos reclamos del sector”, expresaron varios líderes del gremio.

“El acuerdo no nos representa”, señalan conductores

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, cuestionó la legitimidad del documento firmado por el premier Eduardo Arana, señalando que fue excluido del encuentro pese a que su organización cuenta con personería jurídica y presencia en distintos consorcios de transporte.

“El acta firmada en la PCM no representa a nuestro gremio. Fui hasta la sede del Ejecutivo, pero el premier ordenó que no se permita el ingreso. Esto demuestra que no existe voluntad de diálogo ni inclusión”, declaró Palomino.

El dirigente agregó que muchas unidades aún no están operando en señal de protesta, y advirtió que el paro podría ampliarse si no se instalan mesas de trabajo reales y con participación de todas las organizaciones del sector.

Gremios denuncian maniobra política y exclusión

Otros líderes del transporte coincidieron en que el acuerdo con la PCM fue una maniobra política para levantar la medida de fuerza sin consenso. Representantes de los conos norte, sur, este y de San Juan de Lurigancho rechazaron la validez del documento firmado y lo calificaron como un intento de “dividir al gremio transportista”.

“No podemos aceptar que un grupo reducido firme acuerdos en nombre de todos. Las bases no se sienten representadas. El Gobierno busca silenciar la protesta, pero los problema siguen intactos: extorsión, inseguridad y asesinatos”, señaló el dirigente Roger Salas.

Inseguridad y extorsiones: el reclamo central

Los transportistas enfatizaron que el motivo principal del paro es la creciente ola de inseguridad que afecta a choferes y cobradores. Denunciaron extorsiones, amenazas y asesinatos cometidos por bandas criminales, así como la inacción del Ejecutivo y del Ministerio del Interior frente a la crisis.

“Nos matan a los conductores todos los días. Nos cobran cupos y nadie hace nada. Las autoridades solo nos dicen que no contestemos llamadas extorsivas, pero eso no evita que nos disparen o que nos dejen explosivos”, denunció Palomino.

Asimismo, exigieron la derogatoria de la Ley contra el Crimen Organizado y otras normas que, según afirman, limitan la acción policial y judicial frente a las mafias. También solicitaron la creación de un seguro de vida para transportistas víctimas de extorsión y mayor presencia policial en las rutas más peligrosas.

Posible paro indefinido si no hay diálogo real

Roger Salas y otros representantes advirtieron que, si el Gobierno no instala una mesa de trabajo antes del martes 14 de octubre, el paro se convertirá en indefinido. “Las bases están descontentas y se sienten traicionadas por quienes firmaron el acta. El diálogo debe ser con todos o con ninguno”, enfatizó.

Por su parte, los gremios de Lima Norte y Lima Sur anunciaron que seguirán con el apagado de motores y marchas simbólicas hasta que se cumplan sus demandas.