La ley fue aprobada en primera votación con 52 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones.
La ley 31751, conocida como la “Ley Soto” por haber sido propurat por el congresista Alejandro Soto, reduce a un año el plazo de suspensión de la prescripción en investigaciones, lo que podría acelerar la prescripción de ciertos delitos y evitar juicios para los acusados.
La iniciativa ha recibido duras críticas por parte de expertos y autoridades judiciales. El constitucionalista Rafael Gertin Barturén y el politólogo Alonso Cárdenas han señalado que esta medida promueve la impunidad y daña la reputación del Congreso, sugiriendo que parece diseñada para proteger a políticos corruptos. La Corte Suprema incluso ha catalogado la ley como desproporcionada e inconstitucional, instando a su revisión por el Tribunal Constitucional o su derogación.
Hasta el momento, varios de nuestros políticos han utilizado esta norma para eludir condenas judiciales. Entre ellos se encuentran Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, quien ha logrado prescribir procesos penales por malversación de fondos y otros delitos relacionados con la administración pública. Asimismo, el expresidente Martín Vizcarra y el congresista Jorge Flores Ancachi han recurrido a esta ley para archivar procesos judiciales en su contra.
La controversia en torno a esta ley ha llevado a diversas propuestas de derogación por parte de sectores políticos que consideran crucial su eliminación para combatir la corrupción y restaurar la confianza en el sistema judicial y legislativo del país.
