El Congreso de la República del Perú aprobó este martes 11 de junio una controvertida ley de amnistía que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La medida, impulsada desde la Comisión de Constitución y respaldada por bloques conservadores, fue aprobada con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, generando una ola de críticas de organismos de derechos humanos y el propio Ministerio Público.
El dictamen establece que se concederá amnistía a personas procesadas o con investigaciones en curso por presuntas violaciones a los derechos humanos, siempre que no tengan sentencia firme ni estén vinculadas a delitos de terrorismo o corrupción. También incluye beneficios para sentenciados de edad avanzada, lo que podría favorecer a exjefes militares involucrados en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), defendió la norma calificándola como “una medida justa y necesaria”. Durante el debate, sostuvo que muchos militares y policías enfrentan “procesos judiciales interminables” que “no buscan justicia sino revancha política”. Su colega Jorge Montoya, de Renovación Popular, agregó que se trataba de “una deuda pendiente con quienes defendieron al país del terrorismo”.
Algunos sectores del Congreso mostraron su rechazo ante la propuesta promovida por Renovación Popular
Sin embargo, desde diversos sectores del Congreso surgieron voces de rechazo. Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular, calificó la norma como “nefasta” y recordó la masacre de Putis, donde decenas de campesinos fueron ejecutados extrajudicialmente. La congresista propuso una cuestión previa para que el dictamen sea revisado nuevamente, pero fue desestimada. A su turno, Alex Flores, de la Bancada Socialista, advirtió: “Hablar de amnistía es hablar de impunidad. No podemos pasar por alto crímenes contra campesinos inocentes”.
Organismos de derechos humanos también expresaron su profundo rechazo. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que la norma “viola los compromisos internacionales del Perú” y podría colocar al Estado en desacato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No se puede ignorar desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas al amparo del poder”, declaró la entidad en un pronunciamiento.
Sin embargo, ante el pronunciamiento en contra de dichos sectores, la Comisión de Constitución del Congreso de la República decidió aprobar por mayoría esta iniciativa que podría dejar sin justicia a las víctimas durante los años 1980 hasta el 2000.
Fiscal de la Nación en contra de Ley que brindará impunidad a policias y militares vinculados a delitos
La fiscal Delia Espinoza, de la Primera Fiscalía Suprema, también alzó la voz en contra. Recordó que la CIDH ya ha señalado la inadmisibilidad de leyes de amnistía para crímenes de lesa humanidad. “Si esta norma entra en vigor, el Perú estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales”, advirtió.
Para muchos, esta medida representa un retroceso similar al ocurrido en los años 90, cuando el régimen de Alberto Fujimori impulsó una ley de amnistía que fue anulada por presión internacional. Aunque los impulsores del nuevo dictamen insisten en que se trata de una acción “humanitaria”, sus detractores ven en ella un claro intento del Congreso de blindar a sectores militares y políticos vinculados al poder, debilitando el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Ahora, la atención está puesta en una posible reacción de la Corte IDH y en las acciones legales que podrían activarse si esta ley se promulga oficialmente. Mientras tanto, las víctimas y sus familiares temen que décadas de lucha por justicia se diluyan en un nuevo pacto de impunidad legislativa.
