La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para ejercer cualquier cargo público a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. La medida responde a su presunta participación como una de las principales impulsoras del intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Con esta decisión, el caso de Chávez continúa su curso legislativo. El informe será enviado a la Comisión Permanente, que deberá revisarlo y votarlo antes de ser derivado al pleno del Congreso, donde se tomará la decisión final. Si se aprueba, Chávez quedará impedida de ejercer cargos públicos o postular a cualquier elección por una década.

Durante las fases iniciales del proceso, la exjefa del gabinete no presentó defensa ni alegatos, ni personalmente ni a través de un abogado. Esta inacción facilitó el rápido avance del procedimiento dentro de la subcomisión. Según fuentes parlamentarias, este hecho fue determinante para que se diera prioridad al expediente, el cual forma parte de un conjunto de procesos legislativos contra exautoridades implicadas en la crisis política de diciembre de 2022.

Betsy Chávez: ¿cuáles serán el procedimiento?

Se prevé que, en las próximas semanas, la Comisión Permanente conforme una comisión acusadora, integrada por la presidenta de la subcomisión y el congresista ponente del informe. Esta comisión será la encargada de sustentar el caso ante el pleno, donde Chávez sí podrá ejercer su derecho a la defensa, presentar sus descargos y solicitar el uso de la palabra.

Actualmente, Betssy Chávez cumple prisión preventiva como parte de un proceso judicial paralelo que investiga su presunta participación en el intento de ruptura del orden constitucional. Su vinculación directa con el mensaje de disolución del Congreso, leído por Pedro Castillo desde Palacio de Gobierno, es uno de los elementos más comprometores del expediente legislativo.

El informe aprobado por la subcomisión sostiene que Chávez habría cometido una infracción constitucional al respaldar y facilitar las acciones del expresidente Castillo para cerrar el Parlamento, reestructurar el sistema judicial y gobernar mediante decretos de urgencia. Tales acciones vulneraron de manera grave el equilibrio de poderes y atentaron contra el orden democrático.

Este proceso forma parte de una ofensiva más amplia del Congreso para sancionar a los funcionarios que participaron en el intento de golpe. Además de Chávez, otros exministros también son investigados por su posible responsabilidad en la maniobra fallida que generó una grave crisis política en el país.

Con la mayoría parlamentaria a favor de estas sanciones, se espera que el pleno debata y vote el informe en las próximas semanas. De ser aprobado, marcaría un hito en la responsabilidad política frente a quiebres del orden democrático recientes.