La presidenta Dina Boluarte recibió un nuevo espaldarazo político en el Congreso. La Comisión Permanente decidió, con 12 votos a favor y 10 en contra, archivar la denuncia constitucional en su contra por las más de 50 muertes registradas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La decisión ha sido interpretada por diversos sectores como un blindaje parlamentario hacia la jefa de Estado y sus exministros.
Un archivo con nombre propio
La denuncia había sido presentada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y estaba sustentada en los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves. No obstante, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —antes presidida por María Acuña Peralta y actualmente por Lady Camones (APP)— recomendó su archivo, argumentando que no existían pruebas de una “vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal” de Boluarte en los hechos ocurridos.
La Comisión Permanente respaldó esa recomendación y desestimó también las reconsideraciones presentadas por los congresistas Wilson Quispe Mamani (Juntos por el Perú–Voces del Pueblo) y Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), con una votación de 13 en contra y 9 a favor.
¿Quiénes blindaron a Boluarte?
Los votos a favor de archivar la denuncia provinieron de legisladores de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular, Somos Perú y Honor y Democracia.
- Por Fuerza Popular: Arturo Alegría, César Revilla, Patricia Juárez y Tania Ramírez.
- Por APP: Lady Camones, María Acuña y Nelcy Heidinger.
- Por Acción Popular: Carlos Alva Rojas y Elvis Vergara.
- Por Somos Perú: Zadith Zegarra Saboya y Alex Paredes Gonzales.
- Por Honor y Democracia: Gladys Echaíz Ramos.
En contraste, se opusieron las bancadas de Perú Libre, Podemos Perú, la Bancada Socialista, el Bloque Democrático y Juntos por el Perú–Voces del Pueblo. Entre ellos votaron en contra Waldemar Cerrón, María Taipe, José Luna Gálvez, Digna Calle, Heidy Juárez, Alfredo Pariona, Edgard Reymund y Germán Tacuri.
Los ausentes que inclinaron la balanza
Un detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia de 18 congresistas, lo que terminó influyendo en el resultado final. Entre ellos figuraron seis legisladores de Fuerza Popular, tres de APP, cuatro de Renovación Popular, dos de Avanza País y uno de Podemos Perú. También faltaron dos integrantes de Juntos por el Perú, que de haber estado presentes, pudieron equilibrar la votación.
Para la oposición, estas ausencias jugaron un papel determinante en lo que califican como una maniobra para asegurar el blindaje a Boluarte.
Blindaje que alcanza a exministros
La decisión del Congreso no solo favorece a la presidenta, sino también a quienes fueron parte de su gabinete en los meses más críticos de las protestas: el ex primer ministro Pedro Angulo Arana; el exministro de Defensa, Alberto Otárola; y los exministros del Interior, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Todos ellos quedarán libres de responsabilidad en el fuero parlamentario por las muertes ocurridas durante la represión de las manifestaciones.
Reacciones desde la oposición
La votación generó duras críticas en los sectores que se opusieron al archivo. El congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista) sostuvo que “las bancadas mayoritarias son las que sostienen a este Gobierno” y advirtió que la población está observando cómo los parlamentarios “respaldan a este régimen”.
Por su parte, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, calificó la decisión como un acto de “irresponsabilidad”. “Es un blindaje frente a asesinatos. Esto quedará en la historia del Parlamento como un episodio vergonzoso”, manifestó.
Un debate que sigue abierto
La decisión de la Comisión Permanente no solo cierra el capítulo de la denuncia constitucional contra Boluarte, sino que también refleja las dinámicas de poder en el Congreso. Mientras las bancadas de derecha y centro optaron por proteger a la presidenta y a sus exministros, los grupos de izquierda insisten en que se trató de un blindaje político frente a hechos que aún generan indignación en familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos.
Aunque el informe concluyó que no había pruebas suficientes contra la mandataria, organizaciones sociales recuerdan que las muertes en las protestas aún están bajo investigación fiscal y que la responsabilidad política no desaparece con el archivo legislativo.
En un país donde el Congreso y el Ejecutivo atraviesan una relación marcada por la desconfianza ciudadana, esta decisión fortalece la imagen de un pacto político de supervivencia. Boluarte, pese a sus bajos niveles de aprobación, mantiene el respaldo de bancadas que consideran prioritario sostener al actual Gobierno frente a escenarios de inestabilidad.
Para la oposición, sin embargo, la decisión no borra la memoria de los más de 50 fallecidos y será un tema recurrente en la agenda política, especialmente en las regiones que encabezaron las protestas contra el Gobierno.
