La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República archivó una vez más una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, esta vez por las muertes ocurridas durante las protestas sociales registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La decisión ha sido duramente cuestionada por organismos de derechos humanos y sectores de la ciudadanía que exigen justicia para las víctimas.

El informe final, que recomendó el archivo de la denuncia, fue elaborado por el congresista José Jerí, de la bancada Somos Perú, quien actualmente suena como posible candidato a presidir la próxima Mesa Directiva del Congreso. El documento concluyó que no existen elementos suficientes para formular una acusación constitucional contra la mandataria, pese a las investigaciones en curso del Ministerio Público.

La sesión donde se aprobó el archivo del caso se realizó de manera reservada y fue presidida por la legisladora María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP). El resultado fue aprobado por mayoría, lo que significa que el Congreso no asumirá ninguna responsabilidad política frente a las más de 60 muertes ocurridas durante las movilizaciones contra el actual gobierno.

Cabe resaltar que esta decisión no impide que la Fiscalía continúe con la investigación penal contra Boluarte por presuntas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, sí bloquea cualquier intento de juicio político desde el Parlamento, debilitando así las posibilidades de una sanción institucional contra la jefa de Estado.

Con esta decisión, ya suman más de 20 denuncias constitucionales archivadas contra Dina Boluarte desde que asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo. Las críticas no se han hecho esperar, especialmente por parte de familiares de las víctimas y organizaciones civiles, que consideran que el Congreso actúa como una muralla de protección política para la presidenta.

Consultada por la prensa, María Acuña justificó la decisión señalando que la subcomisión ha actuado conforme al procedimiento: “Hemos tenido que convocar a los denunciantes, hemos escuchado los descargos y, en algunos casos, no hay elementos de convicción para denunciar a altos funcionarios”, explicó.

Después de blindar a Boluarte, la SAC continuó en sesión reservada para evaluar otras denuncias, esta vez dirigidas contra los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, a quienes se les acusa de abuso de autoridad y desacato a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en relación con la fallida reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Una de estas denuncias fue presentada por la bancada de Renovación Popular, que ha tomado una postura activa en la defensa de Benavides, señalando que hubo una desobediencia a la resolución de la JNJ. El debate continúa y podría reconfigurar el mapa de poder dentro del sistema de justicia.

En tanto, el blindaje político a Dina Boluarte vuelve a generar dudas sobre la independencia de poderes y la verdadera voluntad del Congreso de fiscalizar al Ejecutivo en medio de una crisis institucional prolongada.