La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República declaró procedente la denuncia constitucional N.º 373 formulada contra la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela. La medida fue respaldada por mayoría, con 11 votos a favor, en un proceso que ha generado amplia atención política y mediática.
Los parlamentarios que brindaron el visto bueno a esta disposición fueron Jorge Montoya (Honor y Democracia), Nilza Chacón (Fuerza Popular), Víctor Flores (Fuerza Popular), Luis Aragón (Acción Popular), Milagros Jáuregui (Renovación Popular), Flavio Cruz (Perú Libre), Digna Calle (Podemos Perú), Esdras Medina (Renovación Popular), Elvis Vergara (Acción Popular), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) y María Acuña (Alianza Para el Progreso)
Con esta decisión, el Congreso habilita la etapa de investigación y análisis de fondo, la cual podría culminar en una eventual inhabilitación de la magistrada o su destitución del cargo. El caso ahora pasará a ser evaluado por la Comisión Permanente y luego por el Pleno, en caso de que prospere el informe final.
Tensión entre el Congreso y el Ministerio Público
La aprobación de esta denuncia profundiza el conflicto político entre el Parlamento y sectores del Ministerio Público. Delia Espinoza, fiscal de la Nación, ha sido una figura clave en la defensa de la autonomía institucional del MP. Su papel crítico frente a la gestión de Patricia Benavides —hoy suspendida y sometida a proceso disciplinario por la JNJ— ha sido interpretado como un factor político de fondo en esta denuncia.
Diversos sectores académicos, jurídicos y políticos han manifestado su preocupación por el uso del fuero parlamentario para debilitar a los fiscales que investigan casos sensibles o adoptan posiciones independientes. Para algunos especialistas, este tipo de decisiones afectan la institucionalidad democrática y la separación de poderes.
¿Qué sigue en el proceso?
Tras la calificación de procedencia, el caso pasará al congresista delegado designado, quien deberá presentar un informe de determinación de hechos. Luego, se votará en la Comisión Permanente y, si se aprueba, llegará al Pleno del Congreso, donde se definirá el futuro de la fiscal Espinoza. El proceso podría demorar varias semanas y estará marcado por la presión mediática y política.
Por su parte, Delia Espinoza ha evitado pronunciarse públicamente sobre el tema, aunque fuentes cercanas a su despacho indican que se encuentra preparando su defensa legal y política.
