El informe final que proponía la inhabilitación por 10 años de la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no consiguió los votos necesarios para ser aprobado en el Pleno del Congreso. La medida requería de 68 adhesiones, pero solo obtuvo 63 votos a favor, además de 16 abstenciones y 18 en contra, por lo que quedó descartada en la sesión parlamentaria.

La acusación constitucional planteada en su contra se basaba en la presunta infracción a la Constitución, específicamente por el supuesto “desacato” a la Ley N.° 32130, norma que devolvió a la Policía Nacional del Perú (PNP) la conducción de las investigaciones preliminares en casos penales. Según sus acusadores, Espinoza habría incumplido deliberadamente la aplicación de dicha ley durante su breve gestión como fiscal de la Nación.

Tras la votación fallida, los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow presentaron un pedido de reconsideración, con la intención de que el Pleno vuelva a revisar el informe que plantea la inhabilitación de Espinoza por una década. Este recurso aún deberá ser evaluado y sometido a votación en una próxima sesión.

Paralelamente, el Pleno sí aprobó una medida de gran impacto político y judicial: levantar el fuero de Delia Espinoza, decisión que obtuvo 63 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones. Con ello, la exfiscal de la Nación podrá ser formalmente investigada por el Ministerio Público, institución que ella misma lideró de manera temporal.

La investigación podrá abarcar los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, todos relacionados con su supuesta negativa a aplicar la Ley 32130. Al levantarse su protección constitucional, Espinoza queda expuesta a diligencias fiscales que podrían incluir citaciones, recopilación de documentos y eventuales medidas restrictivas, dependiendo del avance del caso.

En términos políticos, esta decisión coloca a Delia Espinoza en una posición particularmente delicada: aunque evitó la inhabilitación inmediata, el Congreso dejó abierta la vía penal para que sea investigada por la propia institución que dirigió. La reconsideración pendiente, además, mantiene la posibilidad de que su inhabilitación vuelva a votarse, lo que agrega un componente de incertidumbre al panorama.

Con este escenario, el caso de Espinoza se convierte en uno de los procesos parlamentarios y judiciales más relevantes del momento, con implicancias directas en el equilibrio entre el Ministerio Público y el Congreso.