El debate sobre el nuevo reglamento del Congreso ha encendido la polémica en el Parlamento peruano y en la opinión pública. En la última sesión de la Comisión de Constitución, se discutió la norma que regulará el funcionamiento del próximo Congreso bicameral, compuesto por diputados y senadores a partir de las elecciones generales de 2026. Uno de los puntos más controversiales es el referido a la remuneración de los nuevos legisladores, quienes, según la propuesta, percibirían un salario mensual equivalente al de un juez supremo titular.

De aprobarse esta disposición, cada parlamentario recibiría S/34.917,20 mensuales, más del doble del sueldo actual de un congresista, que asciende a S/15.600. El incremento ha sido cuestionado por la congresista Ruth Luque, quien advirtió que la norma no solo equipara los sueldos, sino que también podría abrir la puerta a beneficios adicionales como bonificaciones y bonos similares a los del Poder Judicial.

Actualmente, un congresista no solo recibe su remuneración básica, sino también una serie de beneficios: un bono de representación de S/2.800 y una bonificación por función congresal de S/7.617, lo que eleva sus ingresos mensuales a S/26.017. En cifras anuales, considerando gratificaciones, el gasto por cada congresista es de S/364.238, lo que representa un desembolso total de más de S/47 millones al año para el Estado.

El presupuesto del Congreso para 2025 ya asciende a S/1.413 millones, de los cuales cerca de S/923 millones se destinan a personal, incluidos legisladores, asesores y trabajadores administrativos. Con la entrada en vigencia de la bicameralidad, prevista para 2026, el número de parlamentarios se elevará a 190 (130 diputados y 60 senadores), lo que incrementará significativamente el gasto.

El presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, decidió pasar el predictamen a cuarto intermedio para introducir cambios tras las observaciones. Sin embargo, dejó en claro que la medida no beneficiaría a los actuales congresistas, sino a los futuros legisladores del Parlamento bicameral.

No obstante, la explicación no evitó las críticas. El congresista Fernando Rospigliosi respondió con ironía al ser cuestionado por el incremento: “¿Y a los jueces les bajamos el sueldo también?”. Para él, la Constitución equipara a senadores y diputados con otros altos funcionarios públicos, lo que justificaría la equiparación salarial.

Pese a ello, el debate refleja un choque entre el gasto público y las demandas sociales en un país donde el salario mínimo es de apenas S/1.025. La posibilidad de que los futuros congresistas perciban más de 30 veces el sueldo mínimo ha generado indignación ciudadana y se anticipa que este será un tema central en la discusión política rumbo a las elecciones generales de 2026.