Presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, expresó que no busca derogar la ley, sino que muestra estar a favor de la modificación.
Este lunes, la Junta de Portavoces del Congreso decidió no incluir en su agenda de Pleno evaluar la derogación de la Ley 32108, que modifica la tipificación del crimen organizado. En ese sentido, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, expresó su opinión ante la prensa, en la cual aseguró que no busca derogar la ley de crimen organizado, sino que esta norma sea modificada, por lo que propone a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos elaborar un nuevo dictamen que proponga los cambios.
“La idea es modificar, pero eso se determinará con el dictamen de la Comisión de Justicia. En mi opinión personal, creo que es necesario modificar varios aspectos, como el tema del allanamiento”, declaró.
La norma viene siendo cuestionada por distintos personajes de la justicia del Estado, así como también los gremios empresariales y sindicatos. Entre ellos, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), cuyo presidente Martín Valeriano, afirmó que los gremios pedirán al gobierno la derogatoria de la llamada Ley de Crimen Organizado, porque lo considera como un factor que contribuye a la inseguridad ciudadana.
“Esta última ley que han aprobado, la 32108 (…) antes la PNP podía incautar, romper las puertas, allanar… ahora tiene que venir un abogado y esperar su santa paciencia por dos o tres horas y ahí se borran las pruebas. Entonces esta ley tiene que ser derogada y vamos a exigir al gobierno que tiene que derogarse esta ley porque es el punto donde los extorsionadores y la delincuencia cada día va tomando más cuerpo”, indicó Valeriano.
Asimismo, el extitular del Mininter, Mariano González, acerca de ello indicó que es necesario derogar la nueva ley contra el crimen organizado, asegurando que de aceptar la norma, no se demostrarían soluciones para combatir la criminalidad, sino todo lo contrario.
Por otro lado, José Ugaz, ex procurador anticorrupción, expresó su descontento, afirmando que la ley Nº32108, es inconstitucional y viola el derecho internacional humanitario al que Perú está obligado. Por lo tanto, subraya que la norma solo protegería a las organizaciones criminales, responsables de masacres, torturas y asesinatos de civiles, actos que no deben ser protegidos bajo ninguna circunstancia.
