La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que propone declarar en reorganización y emergencia al Ministerio Público por un periodo improrrogable de 12 meses, con el objetivo de garantizar su autonomía e integridad institucional.
La iniciativa legislativa plantea una reestructuración profunda del órgano fiscal, incluyendo la suspensión de funciones de la fiscal de la Nación y de los Fiscales Supremos Titulares habilitados y en funciones durante el tiempo que dure la emergencia. Según el grupo parlamentario, esta propuesta responde a la necesidad de recuperar la confianza ciudadana y asegurar el “ejercicio autónomo e independiente” del Ministerio Público.
Durante el proceso de reorganización, se contempla la creación de una Junta Transitoria de Fiscales Supremos, que reemplazaría temporalmente a la actual Junta de Fiscales Supremos. Este nuevo ente estaría conformado por siete fiscales supremos adjuntos titulares o fiscales superiores titulares, quienes serían seleccionados mediante concurso público a cargo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La Junta Transitoria asumiría todas las funciones de la actual cúpula fiscal, incluida la elección de un fiscal de la Nación transitorio, además de proponer procesos disciplinarios con suspensión preventiva para fiscales involucrados en hechos graves.
Entre los argumentos centrales del proyecto se cita una encuesta del INEI de octubre de 2024, en la que el 69% de los ciudadanos manifestó no confiar en el Ministerio Público. Esta cifra es usada por Renovación Popular como indicador del deterioro institucional que justificaría una medida excepcional como la reorganización.
La bancada también salió al frente para rechazar que esta iniciativa se enmarque en una “campaña de desprestigio o intromisión en la autonomía del Ministerio Público”. Según el documento, se trata de una medida basada en hechos y cifras, y no en intereses externos o políticos.
El proyecto ha generado diversas reacciones en el ámbito político y jurídico, en especial por el alcance de sus propuestas y su posible impacto sobre la independencia del sistema de justicia.
