La Mesa Directiva del Congreso de la República acordó retirar los beneficios logísticos que venía recibiendo el expresidente Ollanta Humala Tasso, luego de que fuera sentenciado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. La medida fue tomada en el marco de las investigaciones del emblemático caso Lava Jato, que involucró millonarios aportes ilegales durante la campaña electoral de 2006 y 2011.
El acuerdo fue adoptado el pasado 20 de mayo de 2025 mediante el documento N° 177-2024-2025/MESA-CR, el cual dispone que Humala ya no contará con vehículo oficial, vales de combustible ni personal asignado, beneficios que mantenía tras ejercer la presidencia entre 2011 y 2016.
¿Qué beneficios pierde Ollanta Humala?
Según el documento oficial al que accedió este medio, el Congreso resolvió suspender el apoyo logístico y de personal otorgado al exjefe de Estado, que incluía:
- Préstamo de un vehículo oficial de uso personal.
- Dotación de 150 galones de combustible mensuales.
- Asignación de un asistente bajo régimen CAS con sueldo de hasta S/3.700 mensuales.
Esta medida se sustenta en el Acuerdo 078-2016-2017/MESA-CR, que establecía los beneficios a expresidentes en funciones, los cuales ahora quedan sin efecto para Humala debido a su sentencia judicial.
¿Mantiene la pensión vitalicia?
Llamativamente, el acuerdo del Congreso no menciona la suspensión de la pensión vitalicia que Humala percibe por haber sido presidente constitucional del Perú. De acuerdo con la Ley N° 26519, dicha pensión asciende a S/15.600 mensuales.
Sin embargo, la misma norma también indica que esta pensión puede ser suspendida si el Congreso formula acusación constitucional contra un expresidente, situación que aún no se ha dado en el caso de Humala, pese a la sentencia judicial en su contra.
Ollanta Humala fue condenado en abril de 2025 a 15 años de pena privativa de libertad, luego de que se comprobara que recibió fondos ilícitos del gobierno de Venezuela y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales.
La sentencia fue resultado de una larga investigación a cargo del equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato. En el mismo proceso fue sentenciada su esposa, Nadine Heredia, a 12 años de prisión por los mismos delitos.
La resolución del Congreso se enmarca en una presión creciente desde sectores políticos y sociales que exigen que los expresidentes condenados por corrupción no reciban beneficios del Estado, considerando el impacto económico y moral que estos casos generan en la ciudadanía.
Hasta el momento, Ollanta Humala no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el retiro de estos beneficios. Sin embargo, analistas políticos consideran que este podría ser el primer paso hacia la revisión de la pensión vitalicia, tema que genera amplio debate entre los ciudadanos y que podría llegar a ser discutido en el Pleno del Congreso.
